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El Fideicomiso Publico

Los fideicomisos públicos son instrumentos legales utilizados por el Estado para administrar y manejar recursos destinados a fines específicos y de interés público. Es un acuerdo mediante el cual el Estado (representado por una entidad gubernamental) transfiere la propiedad o la administración de ciertos bienes o recursos a un fiduciario (una institución financiera o un fideicomisario) con el propósito de alcanzar un objetivo específico de interés público.

La función principal de los fideicomisos públicos es gestionar y administrar los recursos destinados a proyectos o programas de interés público, como infraestructura, educación, salud, desarrollo urbano, medio ambiente, entre otros. Estos recursos pueden provenir de ingresos fiscales, donaciones, fondos internacionales u otros ingresos estatales.

Los fideicomisos públicos complementan los ingresos estatales al permitir la gestión eficiente y transparente de los recursos destinados a proyectos específicos. Al utilizar el esquema de fideicomiso, el Estado puede asignar y destinar recursos con mayor flexibilidad y transparencia, evitando que se mezclen con los recursos generales del presupuesto y garantizando su correcta utilización en el fin previsto.

Estructura del fideicomiso público.
Se constituye por tres elementos: 
  • Los fideicomisarios o beneficiarios. Es el destinatario final o natural de los bienes fideicomitidos
  • El fideicomitente. Atribución que corresponde únicamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
  • Fiduciaria. Puede ser cualquier institución o sociedad nacional de crédito. 

Los fideicomisos públicos en México están regulados principalmente por la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LPRH), así como por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y la Ley de Instituciones de Crédito. Estas leyes establecen los requisitos, procedimientos y responsabilidades relacionadas con la creación, operación y extinción de los fideicomisos públicos. 

Pueden presentarse fideicomisos públicos sin una estructura orgánica análoga a una institución y son constituidos por el Gobierno Federal a través de las dependencias y entidades, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el objetivo de administrar recursos públicos fideicomitidos destinados al apoyo de programas y proyectos específicos.

Modalidades o tipos de Fideicomiso Publico
  • Fideicomiso testamentario. En esta modalidad se dispone que al fallecer se transfieren bienes o derechos al fiduciario, para que éste los administre o transmita a los herederos designados, conforme a los herederos designados.
  • Fideicomiso de inversión simple: el fideicomitente entrega al fiduciario una cantidad de dinero, para que la institución adquiera determinados valores o establezca las mejores inversiones, procediendo a aplicar los productos como el fideicomitente disponga.
  • Fideicomiso de administración: el fideicomitente transmite la facultad de administrar las bienes inmuebles, para que la institución se encargue de cobrar los productos correspondientes, aplicándolos a favor del fideicomitente o de tercera persona.
  • Fideicomiso con base en póliza de seguro: el fideicomitente que cuenta con seguro de vida designa como beneficiaria a la institución para que ésta, al fallecimiento, reciba el importe del seguro y constituya un fondo que será administrado y aplicado de acuerdo con las condiciones señaladas en el contrato del fideicomiso.
  • Fideicomiso con garantía sobre valores: tiene como finalidad garantizar con valores o derechos el pago de adeudos. La institución fiduciaria conserva los documentos en garantía en tanto se cumpla con la obligación.
Ejemplos de Fideicomisos Públicos en México :
  • Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN): Este fideicomiso tiene como objetivo financiar y promover proyectos de infraestructura en México, como carreteras, puertos, aeropuertos, energía, entre otros.
  • Fondo de Desastres Naturales (FONDEN): Este fideicomiso se creó para brindar apoyo financiero inmediato a las entidades federativas y municipios afectados por desastres naturales, como terremotos, huracanes, inundaciones, entre otros.
  • Fondo para el Desarrollo Social (FONDESO): Este fideicomiso tiene como finalidad otorgar financiamiento y apoyo técnico a proyectos que promuevan el desarrollo social y la generación de empleo.
  • Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI): Este fideicomiso está destinado a impulsar la actividad minera en México mediante el otorgamiento de créditos y financiamiento para la adquisición de maquinaria y equipo.
Estos son solo algunos ejemplos de fideicomisos públicos en México, y existen muchos otros creados para diferentes propósitos y sectores de interés público. Cada fideicomiso tiene su propia normativa y regulación específica para su funcionamiento.

Empresas de Participación Estatal

En el contexto del Derecho Administrativo, las Empresas de Participación Estatal son aquellas entidades que combinan características del sector público y del sector privado. Estas empresas son creadas y controladas por el Estado, ya sea a nivel central, regional o local, y están sujetas a un régimen jurídico específico que busca regular su funcionamiento y asegurar su adecuada gestión.

Tienen como finalidad principal la realización de actividades económicas o de interés general que el Estado considera conveniente desarrollar a través de una entidad empresarial. Pueden abarcar diversos sectores, como la energía, el transporte, las telecomunicaciones, la infraestructura, la banca, entre otros.

Se caracterizan por tener una participación mayoritaria o total del Estado en su capital social. Esto implica que el Estado posee el control y la capacidad de tomar decisiones estratégicas en la empresa. Además, suelen estar sometidas a una regulación más estricta en comparación con las empresas privadas, ya que deben cumplir con principios de transparencia, eficiencia, rendición de cuentas y responsabilidad social.

El régimen jurídico de las Empresas de Participación Estatal puede variar según el país y su marco normativo. En algunos casos, pueden regirse por leyes específicas que establecen su estructura, organización y funcionamiento, así como los mecanismos de control y fiscalización. También pueden estar sujetas a la normativa de contratación pública, ética empresarial y otros aspectos propios del Derecho Administrativo.

Empresas de participación estatal mayoritarias

Las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria son aquellas empresas en las cuales el Estado posee una participación mayoritaria en su capital social. Esto significa que el Estado controla más del 50% de las acciones o participaciones de la empresa, otorgándole la capacidad de tomar decisiones estratégicas y ejercer un control directo sobre su gestión.
 

Son instrumentos a través de los cuales el Estado puede intervenir en la economía y promover el desarrollo de determinados sectores o actividades de interés público. Estas empresas suelen operar en áreas estratégicas, como la energía, el transporte, la comunicación, la infraestructura, la banca, entre otras.

El hecho de que el Estado sea el accionista mayoritario de una empresa implica que tiene la capacidad de influir en la toma de decisiones, como la elección del directorio, la designación de altos cargos y la aprobación de políticas y planes estratégicos. Además, puede ejercer un mayor grado de control y supervisión sobre la gestión y el cumplimiento de los objetivos establecidos.

El marco jurídico y regulador de las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria puede variar según el país. En algunos casos, se establecen leyes específicas que definen su régimen legal y los mecanismos de control y fiscalización. Además, estas empresas suelen estar sujetas a los principios de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad social, propios del sector público.

Es importante destacar que, aunque el Estado sea el accionista mayoritario, pueden tener también participación accionarial de inversionistas privados. En estos casos, el Estado mantiene el control sobre las decisiones clave, pero se puede buscar la participación del sector privado para aportar recursos financieros, conocimientos especializados o experiencia en la gestión empresarial.

Empresas de participación estatal minoritarias

Las Empresas de Participación Estatal Minoritaria son aquellas empresas en las cuales el Estado posee una participación minoritaria en su capital social. Esto implica que el Estado tiene una cantidad de acciones o participaciones inferior al 50% de la empresa, lo que se traduce en una capacidad de control limitada sobre las decisiones estratégicas y la gestión de la compañía.

A diferencia de las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, en las Empresas de Participación Estatal Minoritaria el Estado no tiene el poder de decisión ni la capacidad de ejercer un control directo sobre las políticas y la dirección de la empresa. En cambio, su participación se asemeja más a la de un accionista minoritario, con los derechos y las limitaciones que ello conlleva.

Pueden surgir por diferentes motivos. En algunos casos, el Estado puede optar por adquirir una participación minoritaria en una empresa privada estratégica para proteger intereses nacionales, garantizar la prestación de servicios esenciales o promover el desarrollo de ciertos sectores económicos. También puede ocurrir que el Estado haya tenido una participación mayoritaria en el pasado y haya decidido reducirla, pero aún mantenga una presencia accionarial.

La participación minoritaria del Estado en estas empresas puede tener diferentes implicaciones. Aunque el Estado no tenga un control directo, aún puede ejercer cierta influencia a través de los derechos y prerrogativas asociados a su participación accionarial, como el derecho a voto en asambleas de accionistas y el acceso a información relevante.

El marco legal y regulador que se aplica a las Empresas de Participación Estatal Minoritaria también puede variar según el país y las leyes correspondientes. En general, se busca establecer un equilibrio entre los derechos y obligaciones del Estado como accionista minoritario y los intereses de los demás accionistas y la gestión privada de la empresa.

Ejemplos de Empresas de Participación Estatal

En México, existen varios ejemplos de Empresas de Participación Estatal, tanto mayoritarias como minoritarias. A continuación, mencionaré algunos ejemplos representativos de ambos casos:

  • Petróleos Mexicanos (PEMEX): Es una empresa de participación estatal mayoritaria, ya que el gobierno mexicano posee el control y la mayoría de las acciones. PEMEX se dedica a la exploración, producción, refinación y comercialización de petróleo y gas natural en México.
  • Comisión Federal de Electricidad (CFE): Es una empresa de participación estatal mayoritaria encargada de generar, transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica en México. El Estado tiene una participación mayoritaria en su capital social y ejerce el control sobre la empresa.
  • Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext): Es una entidad financiera de participación estatal mayoritaria, cuyo objetivo principal es promover el comercio exterior y brindar apoyo financiero a las empresas mexicanas que realizan actividades de exportación e importación.
  • Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA): Es una empresa de participación estatal mayoritaria que se encarga de la administración y operación de aeropuertos en México, así como de la prestación de servicios auxiliares a la aviación.
  • Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM): Es una empresa de participación estatal mayoritaria creada para llevar a cabo la construcción y operación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), actualmente conocido como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
  • Telecomunicaciones de México (Telecomm): Es una empresa de participación estatal minoritaria que se dedica a la prestación de servicios de telecomunicaciones en el país. El Estado tiene una participación accionarial, aunque no mayoritaria, en la empresa.


Los organismos descentralizados

Los organismos descentralizados son entidades públicas que tienen personalidad jurídica propia y que funcionan con autonomía técnica, administrativa y financiera, aunque están vinculados al gobierno federal, estatal o municipal en el que se encuentran.

Estos organismos se crean para llevar a cabo funciones o servicios específicos que son considerados de interés público, y que requieren de una organización y gestión independiente del gobierno central.

Los organismos descentralizados pueden tener diversos objetivos, como la promoción del desarrollo económico, la atención de necesidades sociales, la prestación de servicios públicos, la regulación de sectores específicos, entre otros.

Entre las características de los organismos descentralizados se encuentran:
  • Personalidad jurídica propia: tienen capacidad legal para adquirir y poseer bienes, celebrar contratos, ejercer derechos y obligaciones, entre otros.
  • Autonomía técnica: tienen independencia para tomar decisiones técnicas y administrativas relacionadas con su objeto y funciones.
  • Autonomía financiera: tienen capacidad para administrar sus recursos y presupuestos de forma autónoma y responsable.
  • Control gubernamental: aunque tienen autonomía técnica y financiera, están sujetos a la supervisión y control gubernamental a través de las instancias correspondientes.
  • Rendición de cuentas: están obligados a rendir cuentas de su gestión y a garantizar la transparencia en el uso de sus recursos.
En México, los organismos descentralizados se regulan a través de diversas leyes y disposiciones legales, y se encuentran en distintos niveles de gobierno, como el federal, estatal o municipal. Algunos ejemplos de organismos descentralizados en México son la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Comisión Nacional del Agua, entre otros.

En México, los organismos descentralizados pueden ser creados por el gobierno federal, estatal o municipal a través de un decreto o ley que establezca sus objetivos, funciones, estructura, régimen legal y recursos económicos.

La creación de un organismo descentralizado busca mejorar la eficiencia y eficacia en la prestación de servicios públicos, y en muchos casos, permitir la participación de la iniciativa privada en la gestión de servicios públicos.

Los organismos descentralizados pueden ser de diferentes tipos, entre los que se encuentran:
  • Empresas públicas: son organismos que tienen como objetivo la realización de actividades económicas para satisfacer necesidades públicas o sociales, y su funcionamiento se financia principalmente con recursos propios.
  • Instituciones públicas: son organismos que se crean para cumplir con fines específicos en el ámbito de la educación, la cultura, la investigación, la ciencia, el deporte, entre otros.
  • Entidades reguladoras: son organismos que tienen como objetivo regular y supervisar el cumplimiento de normas y regulaciones en sectores específicos, como la banca, las telecomunicaciones, la energía, entre otros.
  • Entidades administrativas: son organismos que se crean para gestionar servicios públicos y llevar a cabo actividades que corresponden al ámbito del gobierno.
  • Fondos públicos: son organismos que se crean para administrar fondos públicos y recursos financieros específicos.
Los organismos descentralizados tienen una estructura orgánica que se compone de un Consejo o Junta de Gobierno, una Dirección o Gerencia General y otras áreas administrativas y operativas necesarias para el cumplimiento de sus objetivos y funciones.

Cada organismo descentralizado cuenta con una ley o reglamento que establece sus objetivos, funciones, facultades, régimen laboral, financiero, de control y fiscalización, entre otros aspectos.

Es importante mencionar que los organismos descentralizados están sujetos a la fiscalización y supervisión de las instancias gubernamentales correspondientes, así como a la rendición de cuentas y transparencia en el uso de sus recursos.

La Sectorización

El propósito de el esquema de sectorización es crear mecanismos y disposiciones con el objetivo de realizar una mejor organización de la administración publica, obtener una mejor coordinación y eficacia en la búsqueda de los objetivos y metas que se impone el estado.

Esta figura del derecho administrativo consiste en agrupar a dependencias y entidades en grupos de trabajo denominados sectores, las funciones y características de estos sectores deberán ser conforme lo disponga el plan de desarrollo estatal. 

La sectorización de las entidades paraestatales. 
El artículo 90 Constitucional, establece la Administración Paraestatal, aún que no establece la forma de
sectorización, menciona que el Congreso de la Unión por medio de una ley fijará las bases de su creación, sin embargo, el artículo 27 Constitucional contempla algunas disposiciones que son base para la creación de ciertos organismos con carácter de paraestatales, al facultar a la Nación par establecer reservas minerales, para explotar en forma exclusiva el petróleo, minerales, radioactivos y combustibles nucleares, para la generación y distribución exclusiva de la energía eléctrica como servicio público. 

Su sectorización se da de acuerdo al tipo de servicio que prestan.
  • Energía; Petróleos Mexicanos; la CFE, Instituto Nacional de Investigaciones 
  • Nucleares; La comisión de Fomento Minero; Consejo de Recurso Minerales; 
  • Salud; Secretaría de Salud; IMSS, ISSTE;
  • Asistencia Social: INFONAVIT; FOVISSTE.