La cesión de deuda


Ceder es dar o transferir y cesión es el efecto o acción de ceder, donde resulta que la cesión, es una acción muy amplia que implica la dación o transferencia de cualquier cosa.

La cesión de deuda es un proceso mediante el cual un deudor (cedente) transfiere su deuda a otra persona o entidad (cesionario). Esto significa que el cesionario se convierte en el nuevo deudor y debe pagar la deuda al acreedor original.Es una manera de transmisión de las obligaciones mas no de extinción.

El efecto de la cesión de deuda es que permite el cambio de la persona del deudor, sin que la obligación se extinga o deje de ser la misma, y subsiste el mismo derecho personal con el mismo objeto y mismo acreedor.

Se trata de un acto legal en el que participan tres partes, el deudor original, el tercero que asumirá la deuda y el acreedor. La participación del acreedor es esencial ya que su interés radica en garantizar la seguridad de su crédito, que depende de la capacidad financiera, responsabilidad y reputación del deudor original, así como de la eficacia con la que se cumpla la obligación cuando esta esté vinculada a una persona específica.

Intervención del acreedor en la cesión de deudas y obligaciones reales
En muchos casos, la cesión de deuda requiere el consentimiento del acreedor original. El acreedor debe estar de acuerdo con que la deuda sea transferida al cesionario y a menudo debe dar su consentimiento por escrito.

El acreedor tiene la posibilidad de participar en la transferencia de deudas al establecer un contrato directo con el deudor original y el nuevo deudor, en el cual se acuerde la transferencia de la obligación. Esta es la manera convencional de llevar a cabo el cambio de deudor sin alterar la relación jurídica existente.

La cesión de derechos hereditarios.
La cesión de derechos hereditarios es un proceso en el cual un heredero (cedente) transfiere sus derechos sobre una herencia futura a otra persona (cesionario). Esto puede hacerse por diversas razones, como la necesidad de liquidez inmediata o la renuncia a la herencia.

Pueden transmitirse por cesión siempre que se trate de derechos hereditarios ya adquiridos por la muerte del autor de la sucesión y no de derechos hereditarios futuros, pues la cesión de estos no puede llevarse a cabo ni con el consentimiento del autor mismo de la sucesión.

Establecimiento

La Ley Federal del Trabajo en su articulo 16 define lo que sera considerado como un establecimiento para efectos laborales y lo identifica como una unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante, sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa.

El establecimiento comercial es aquel espacio físico, donde se realiza la venta, distribución, producción o transformación de bienes y servicios. Es comúnmente conocido como punto de venta o comercio. La existencia de los establecimientos se justifica con el crecimiento de las empresas ya que se ven en la necesidad de crear puntos de venta o espacios de producción cada uno con autonomía propia, pero siempre con la misma meta.

Las características del establecimiento en el derecho laboral mexicano son las siguientes:
  • Autonomía operativa: Un establecimiento tiene una cierta autonomía en términos de su funcionamiento y organización. Puede tener su propia administración, personal, recursos y operaciones independientes en algunos aspectos.
  • Identidad propia: El establecimiento es reconocido como una entidad separada, con identidad y funciones propias, aunque sigue formando parte de la estructura más amplia de la empresa matriz.
  • Personalidad jurídica limitada: Aunque se considera como una unidad independiente en algunos aspectos, el establecimiento no tiene personalidad jurídica propia. En otras palabras, no puede ser considerado como una entidad legal separada.
  • Condiciones laborales propias: Los trabajadores en un establecimiento pueden tener condiciones laborales específicas que varían de las de otros establecimientos o de la empresa matriz, debido a la naturaleza particular de las operaciones en ese lugar.Es necesario distinguir que la empresa engloba todo el negocio y el establecimiento es parte del negocio por lo que la empresa puede existir sin el establecimiento, pero el establecimiento no existe si no hay empresa.
Es importante distinguir el concepto de "establecimiento" de la noción de "empresa" en el contexto del derecho laboral:
  • Establecimiento: Se refiere a una unidad de producción o servicio que puede ser identificada como separada dentro de una empresa más grande. Puede tener cierta autonomía operativa pero no tiene personalidad jurídica independiente.
  • Empresa: Se refiere a la entidad legal en su conjunto, que puede comprender uno o varios establecimientos. La empresa es la entidad que está registrada legalmente y tiene personalidad jurídica propia.

Mayoría de Edad

La mayoría de edad en derecho se refiere a la edad en la cual una persona se considera legalmente adulta y capaz de asumir plenamente sus responsabilidades y derechos en la sociedad. Este concepto es fundamental en muchos sistemas legales y tiene implicaciones en una amplia variedad de áreas, como el derecho civil, penal, laboral y familiar.

La determinación de la edad en la que alguien alcanza la mayoría de edad puede variar según el país y el sistema legal. En la mayoría de los lugares, la mayoría de edad se establece en algún momento entre los 18 y los 21 años, pero esto puede diferir. Algunos sistemas legales también pueden tener disposiciones que permiten la emancipación anticipada de un individuo antes de alcanzar la edad legal si cumplen ciertos criterios.

La consecuencia más común de alcanzar la mayoría de edad es la adquisición de una serie de derechos y responsabilidades legales, que pueden incluir:
  • Capacidad legal: Una persona mayor de edad generalmente se considera legalmente competente para tomar decisiones importantes por sí misma, como firmar contratos, tomar decisiones médicas y administrar sus propios asuntos financieros.
  • Responsabilidad penal: A partir de la mayoría de edad, una persona puede ser considerada penalmente responsable de sus acciones en un tribunal de justicia de adultos y enfrentar consecuencias legales más severas en comparación con un menor.
  • Derechos civiles: Una persona mayor de edad puede votar en elecciones, acceder a préstamos y créditos, poseer bienes y propiedades y ejercer una serie de derechos civiles y políticos que están reservados para adultos.
  • Contratos y transacciones legales: Puede celebrar contratos y participar en transacciones legales por sí misma, sin necesidad de consentimiento de un tutor legal.
  • Matrimonio y vida familiar: En muchos lugares, la mayoría de edad es un factor importante para establecer el consentimiento legal para el matrimonio sin necesidad de permisos especiales.
  • Trabajo y empleo: Una persona mayor de edad generalmente puede trabajar a tiempo completo y celebrar contratos de empleo sin restricciones especiales para menores.
Es importante tener en cuenta que las leyes que rigen la mayoría de edad pueden variar significativamente entre países y regiones. Por lo tanto, es fundamental conocer las regulaciones específicas en el lugar donde uno vive o trabaja para entender plenamente los derechos y responsabilidades que vienen con la mayoría de edad.

Ambito personal de validez

El ámbito personal de validez en el derecho se refiere a quiénes están sujetos a las disposiciones legales y cuál es el alcance de su aplicación en términos de individuos o grupos de personas. En otras palabras, se trata de determinar qué personas están obligadas a obedecer una norma jurídica específica y en qué medida.

En un sistema legal, las normas pueden establecer derechos, obligaciones y responsabilidades para ciertos grupos de individuos o para toda la sociedad en general. El ámbito personal de validez puede variar según diferentes factores, como la naturaleza de la norma, el contexto en el que se aplica y las características de las personas involucradas.

Existen diferentes categorías dentro del ámbito personal de validez:
  • Normas generales: Son aquellas que se aplican a todas las personas dentro del territorio jurisdiccional, sin distinción. Por ejemplo, las leyes que prohíben el homicidio o el robo se aplican a todos los individuos por igual.
  • Normas particulares: Son aquellas que se dirigen a un grupo específico de personas o a una situación concreta. Por ejemplo, las leyes laborales pueden establecer regulaciones especiales para los trabajadores en comparación con otras personas.
  • Normas especiales: Son normas que se aplican a individuos que se encuentran en circunstancias particulares. Por ejemplo, las leyes que protegen a menores de edad pueden tener disposiciones diferentes para su ámbito personal de validez.
  • Normas profesionales: Establecen reglas para grupos profesionales específicos, como abogados o médicos, y pueden ser más rigurosas en términos de responsabilidad y conducta debido a la naturaleza de la profesión.
  • Normas territoriales: Algunas normas pueden aplicarse solo a ciertas áreas geográficas, como leyes municipales o regionales.
El ámbito personal de validez es crucial para determinar quiénes están legalmente obligados a cumplir con una norma y cómo se aplica en diferentes situaciones. Está estrechamente relacionado con conceptos como la justicia, la igualdad y la equidad en el sistema legal, ya que busca establecer un equilibrio entre las necesidades y derechos de las personas en función de su posición y circunstancias particulares.

Ingresos tributarios del estado

En el derecho fiscal mexicano, los ingresos tributarios del Estado se refieren a los fondos recaudados por el gobierno a través de diversos impuestos y contribuciones. Estos ingresos son esenciales para financiar el funcionamiento del gobierno, así como para financiar programas y proyectos que benefician a la sociedad en su conjunto. 

Podemos definir a los ingresos tributarios como las percepciones que obtiene el Gobierno Federal por las imposiciones fiscales fija obligatoriamente el Estado a las personas físicas y morales, conforme a la ley para el financiamiento del Gasto público.
Tipos de ingresos tributarios:
A continuación, se presentan algunos de los principales ingresos tributarios en México:
  • Impuesto sobre la Renta (ISR): Este es uno de los impuestos más importantes en México. Grava los ingresos obtenidos por personas físicas y morales. Las tasas varían según la cantidad de ingresos y el tipo de contribuyente.
  •  Impuesto al Valor Agregado (IVA): El IVA se aplica a la mayoría de los bienes y servicios en México. Actualmente, la tasa general es del 16% en la mayoría de las operaciones, aunque hay excepciones y tasas reducidas para ciertos productos y servicios.
  • Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS): Este impuesto se aplica a la producción y venta de ciertos bienes y servicios considerados como especiales, como productos petrolíferos, tabaco, alcohol, bebidas azucaradas y otros.
  • Derechos: Los derechos son pagos que se realizan al gobierno por el uso o aprovechamiento de bienes públicos, como el uso de recursos naturales o servicios gubernamentales específicos.
  • Contribuciones de Seguridad Social: Estas contribuciones, también conocidas como cuotas obrero-patronales, son pagos destinados a financiar sistemas de seguridad social, como el Seguro Social y el Infonavit.
  • Impuestos sobre Nómina: Los empleadores están obligados a retener y pagar impuestos sobre los salarios y sueldos de sus empleados.
  • Impuesto Predial: Los propietarios de bienes inmuebles pagan este impuesto a los municipios por la propiedad de la tierra y los edificios.
  • Impuestos Estatales y Locales: Además de los impuestos federales, los estados y municipios en México también tienen la autoridad para recaudar impuestos propios, como el Impuesto sobre Hospedaje y otros.
El carácter tributario de este tipo de ingresos atiende a la naturaleza unilateral y coercitiva de los impuestos, por lo que se establecen gravámenes las diversas fuentes generadoras de Ingresos como por ejemplo la Compra-Venta, el Consumo y las Transferencias.

Contribuciones de mejora

Las "contribuciones de mejora" son un tipo de impuesto que se aplica a los propietarios de bienes inmuebles cuando se realizan obras públicas que aumentan el valor de sus propiedades. Estas contribuciones tienen como objetivo financiar los proyectos de infraestructura y mejoras en la localidad que benefician directamente a los propietarios de los inmuebles.

Encuentran su fundamento jurídico en el Articulo 2, fracción III, el cual indica que:

"Contribuciones de mejoras son las establecidas en ley a cargo de las personas fisicas y morales que se beneficien de manera directa por obras publicas. (adicionada mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 31 de diciembre de 1985)"

Este tipo de contribución encuentra su naturaleza jurídica en el incremento del valor del patrimonio del contribuyente, gracias a la realización de una obra publica.
Algunas contribuciones de mejora que podrían mencionarse en el contexto del derecho fiscal mexicano incluyen:
  • Mejoras Urbanas: Estas contribuciones se aplican cuando se realizan obras públicas en áreas urbanas que mejoran la infraestructura local, como pavimentación de calles, construcción de aceras, instalación de servicios básicos como agua y alcantarillado, entre otros.
  • Obras de Vialidad: Cuando se llevan a cabo proyectos para mejorar la movilidad, como la construcción de puentes, pasos elevados, o la ampliación de carreteras y vías de acceso, se puede aplicar una contribución de mejora.
  • Mejoras en Espacios Públicos: Si se hacen mejoras en parques, plazas, áreas de recreación u otros espacios públicos que aumentan el valor de las propiedades circundantes, se podría aplicar una contribución de mejora.
  • Obras de Infraestructura: Proyectos de infraestructura más amplios, como la construcción de redes de drenaje, sistemas de transporte público, y otros servicios que benefician a la comunidad, también pueden dar lugar a contribuciones de mejora.
  • Ampliación de Servicios Públicos: Si se implementan mejoras en los servicios públicos, como la extensión de líneas de electricidad o telecomunicaciones, los propietarios podrían ser sujetos a una contribución de mejora.
Es importante señalar que las contribuciones de mejora deben estar debidamente justificadas y ser proporcionales al beneficio que los propietarios obtienen de las obras públicas realizadas. Además, su recaudación y uso están regulados por la legislación fiscal y urbana.

Validez y eficacia

Kelsen señala que las normas jurídicas serán consideradas válidas cuando estas "existen" y por lo tanto, son vigentes, por que antes de su existencia deberán cumplir con los requisitos establecidos para su vigencia como son la publicación y la promulgación. 

Nos dice que serán consideradas válidas aquellas normas que son obedecidas y aplicadas y que fueron creadas mediante procedimientos establecido previamente en las normas jurídicas, por lo tanto, una norma de jerarquía inferior es válida siempre y cuando la norma superior sea valida, a partir de esta idea se deduce la existencia de otro término fundamental que concierne a la valides de las normas, el cual es la efectividad de la norma jurídica la cual describe como la consumación de la condición al hecho.

Analizando el contenido de los textos de Kelsen, se puede relacionar la actividad jurisdiccional a la validez de la normas jurídicas, pues serán aplicables únicamente las normas que cumplen los requisitos en los ámbitos espacial, temporal y personal, normas que tengan aplicabilidad y vigencia.

Se presentan determinadas circunstancias que confieren legitimidad a las disposiciones jurídicas, y se identifican como factores determinantes la eficacia y la efectividad. La legitimidad implica que la norma debe ser acatada y aplicada, al tiempo que la eficacia denota que la norma es efectivamente acatada y puesta en práctica.

Se establece que una norma jurídica se considera válida cuando cumple con los siguientes requisitos:
  • Su creación está vinculada a un procedimiento formal ejecutado por una entidad competente.
  • No ha sido revocada por una norma emanada posteriormente.
  • No entra en contradicción con disposiciones de superior jerarquía.
Según la perspectiva de Kelsen, la validez de las normas jurídicas está condicionada a su "existencia", lo que implica su actualidad y aplicabilidad, ya que, antes de su existencia, deben satisfacer las condiciones estipuladas para su entrada en vigor, que incluyen la divulgación y la promulgación.

El autor señala que se considerarán válidas aquellas normas que sean respetadas y aplicadas y que hayan sido generadas mediante procedimientos preestablecidos en las disposiciones legales. En este sentido, una norma de menor rango jerárquico se considera válida únicamente si la norma de nivel superior también lo es. A partir de esta noción, se deriva otro término fundamental relacionado con la legitimidad de las normas, que es la efectividad de la norma jurídica, la cual define como la realización de la condición prevista en la norma.

Al analizar el contenido de los textos de Kelsen, es posible establecer una conexión entre la función jurisdiccional y la validez de las normas jurídicas, ya que solo se aplicarán aquellas normas que cumplan con los requisitos en términos de ámbito geográfico, temporal y personal, es decir, aquellas normas que sean susceptibles de aplicación y estén actualmente vigentes.

A partir de las indagaciones en los escritos de Kelsen, se puede vincular la labor jurisdiccional con la legitimidad de las normas jurídicas, ya que únicamente se aplicarán normas que satisfagan los requisitos en términos de ámbito geográfico, temporal y personal; es decir, normas que sean factibles de implementar y que se encuentren actualmente en vigor.

Kelsen detalla los requisitos necesarios que confieren legitimidad a las normas legales. Inicialmente, advierte sobre la posibilidad de conductas que contradigan la norma y presenta como factores determinantes la eficacia y la efectividad. La legitimidad denota que la ley debe ser acatada y aplicada, mientras que la eficacia connota que la ley efectivamente se respeta y aplica.

La eficacia de la norma se manifiesta mediante su aceptación y observancia por parte de la sociedad. Esta eficacia se erige como un requisito indispensable para la validez de la norma. Sin eficacia, el sistema jurídico no puede subsistir.

Desde una perspectiva sociológica, la eficacia se define como el grado de adhesión de las normas por parte de sus destinatarios. En el contexto de la teoría jurídica, el término "eficacia" se refiere principalmente a este concepto, al nivel de cumplimiento o respeto por parte de aquellos que ejecutan la conducta establecida. La garantía de la eficacia se logra a través de la observancia de procedimientos formales en el proceso de creación, así como mediante la adherencia a los principios legales técnicos que rigen en un sistema jurídico específico. No basta con que las normas estén formuladas con precisión; también es necesario establecer los medios e instituciones necesarios para su aplicación.

En consideración de lo expuesto, la eficacia se puede contemplar como una condición ineludible para la existencia de la norma. La exigencia de eficacia jurídica debe reflejarse tanto en el plano material como en el social. Es crucial que haya una correspondencia entre la norma y la realidad para que refleje la situación existente o la que se aspira a crear. De esta manera, no solo se manifiesta la funcionalidad del sistema legal, sino también su legitimidad.
 
Desde una perspectiva sociológica, la eficacia se define como el nivel de acatamiento que los destinatarios demuestran hacia las normas. Sin embargo, en el contexto de la teoría jurídica, cuando se alude a la eficacia, se hace referencia específicamente a esta interpretación, que implica el grado de cumplimiento o respeto por parte de aquellos que ejecutan la conducta prescrita. La garantía de la eficacia se establece mediante el cumplimiento de ciertos requisitos formales durante el proceso de creación, así como a través de la observancia de principios técnicos jurídicos que prevalecen en un sistema legal particular. No es suficiente que las normas estén formuladas de manera precisa; además, deben ser acompañadas por la creación de los recursos y las instituciones necesarios para su implementación.

Basándonos en lo expuesto, la eficacia se considera un elemento esencial para la existencia completa de una norma. La demanda de eficacia legal debe reflejarse tanto en el ámbito material como en el social, lo que implica que debe existir coherencia entre la norma y la realidad. Esto no solo revela la funcionalidad del sistema jurídico, sino también su autenticidad y legitimidad.