La sanción jurídica y sus especies

El término sanción es utilizado en el ámbito legal para hacer referencia a dos conceptos distintos:

Sanción en su sentido técnico. Es un concepto utilizado en el derecho constitucional, conocido como sanción al acto, donde la ley se perfecciona con el acto de una autoridad legitima , expresando el acuerdo con el contenido del texto y la manifestación de que se incluya en el ordenamiento jurídico. Sancionar una ley involucra reconocerla como válida en la esfera del Derecho. Se puede considerar que un elemento normativo que no sancionado, no es considerado ley.

Sanción en sentido general. En un sentido general se entiende por sanción a el acto de “castigar”, infligir mal a quien a incurrido en una falta a los reglamentos jurídicos. Atendiendo a este concepto, puede considerarse como sanción a todos aquellos mecanismos que el ordenamiento incluye en su estructura para intentar evitar el incumplimiento de las normas jurídicas. La sanción vendría así a corregir un “desequilibrio” producido en el ordenamiento jurídico por una vulneración de una de sus normas.

El objetivo fundamental de cualquier sistema de derecho es asegurar la convivencia armónica de un grupo de individuos que interactúan es sociedad. Para lograr lo anterior, se deberán plantear los mecanismos cohercitivos necesarios para garantizar su cumplimiento, lo que se realiza con aplicación de las sanciones.

Es necesario diferenciar entre la coactividad y la sanción jurídica. La coactividad se define como posibilidad de aplicación de la fuerza física por parte de la organización social, sin embargo existen actuaciones jurídicas de carácter coactivo que no tienen ningún carácter sancionador. Por ejemplo, el internamiento a la fuerza de un loco furioso en un centro de salud no es ninguna sanción.

Tipos de sanciones jurídicas

Sanciones negativas.
Son medidas que son destinados a contrarrestar el incumplimiento de una norma jurídica, pueden clasificarse en: 
  • Retributivas. Como ejemplo las que se imponen a delitos o faltas y las de carácter administrativo como ejemplo las multas.
  • Reparadoras. Son características del Derecho privado, en cuanto se basan en el principio de satisfacción y resarcimiento por un daño causado.
Sanciones positivas. Son medidas que tienen como objetivo lograr a través de una acción directa a promover el cumplimiento o la ejecución de una norma. También pueden ser retributivas y reparadoras.
  • Retributivas. Consisten en el establecimiento de premios, recompensas, condecoraciones, honores, etc.
  • Reparadoras. Consistirían en compensaciones de diverso tipo por trabajos, esfuerzos, gastos, etc. Por ejemplo los beneficios fiscales a empresas.

Gnoseología jurídica.

Ggnoseología es la parte de la filosofía que estudia el conocimiento humano . Se forma a partir de la palabra griega " gnosis " que significa "conocimiento" y " logos " que significa "doctrina, teoría". Puede ser entendida como la teoría general del conocimiento, en la que se refleja sobre la concordancia del pensamiento entre sujeto y objeto. En este contexto, el objeto es algo exterior al espíritu, una idea, un fenómeno, un concepto, etc., pero visto de forma consciente por el sujeto.

El objetivo de la gnosiología es reflexionar sobre el origen, esencia y límites del conocimiento, del acto cognitivo (acción de conocer).

Gnoseología jurídica.
Es la rama de la Filosofía General que estudia única y exclusivamente al conocimiento Jurídico, es decir, el Derecho. (Sólo abarca el conocimiento del Derecho): limita la capacidad de estudio; porque si la Gnoseología estudia las ciencias en general; la Gnoseología jurídica solo se encarga del estudio y la explicación del Derecho y dentro de la Gnoseología jurídica es que vamos a conseguir la clasificación de los tipos o grados del conocimiento jurídico, según la materia (Filosofía del derecho), se dice que la Gnoseología jurídica nos da tres grados o tipos de conocimiento que son:
  • El conocimiento empírico o vulgar: Dentro de la clasificación de los grados del conocimiento jurídico comenzamos de menor a mayor. De los más simples a los más complejos. Por eso se comienza por el conocimiento empírico o vulgar: que es el grado de conocimiento menor, mediante una simple captación de la realidad, a través, o con la ayuda de los sentidos. Recordemos que va desde el alumbramiento materno hasta el día en que mamá nos toma de la mano y nos lleva por primera vez a un centro educativo. El hombre en su primera fase inicial comienza a evolucionar en el crecimiento físico, cronológico y a través de la edad se establece que el conocimiento del hombre es empírico o vulgar, ese conocimiento lo consigue poco a poco a través de las vivencias del día a día. Este conocimiento es única y exclusivamente obtenido mediante los sentidos. Por eso se dice que es el grado de conocimiento menor.
  • El conocimiento científico o racional: Es un grado superior al conocimiento empírico y cuya única fuente es el intelecto, la mente o la razón. Se dice que este segundo grado del conocimiento supera al conocimiento empírico o vulgar, justamente porque su fuente es el conocimiento o la razón y comienza desde ese día que mamá nos lleva a un centro educativo y concluye con el títilo universitario, fecha hasta la cual se estará incurso en un grado o tipo de conocimiento científico o racional.
  • Conocimiento filosófico: Es el grado mas elevado del saber, al que puede aspirar el intelecto humano. Este esta en escala superior a los dos grados de conocimientos anteriores y llegamos a esta tercera fase del conocimiento filosófico desde el momento mismo en que obtienen el titulo universitario, y se le esta dando paso al conocimiento filosófico. Si quien tiene un titulo de técnico superior puede sentirse plenamente convencido si efectivamente en su escala del intelecto humano conoce el 99% de lo que está ejerciendo, será un conocimiento filosófico.
La epistemología es también una teoría del conocimiento pero se distingue de la gnosiología por estar asociada al conocimiento científico (episteme) o sea, a las investigaciones científicas y todos los principios, leyes e hipótesis

Ciencia, metodología y tecnica

Podemos definir la Ciencia como el conjunto de conocimientos sistematizados, comprobados empíricamente, con los cuales se establecen principios y describen causas, en base a conceptos que formulan leyes que rigen los fenómenos estudiados.  La ciencia juridica es la disciplina que tiene como finalidad el estudio, la interpretación, integración y sistematización los ordenamientos legales para su correcta aplicación.

Podemos encontrar la siguiente clasificación de las ciencias:
  • Ciencias Formales. Tienen como objeto del conocimiento lo ideal, utilizando el método de deducción y su criterio de la verdad es que no exista contradicción; por lo que se les puede identificar como conceptos abstractos. Como ejemplo podemos encontrar están las Matemáticas y a la Lógica.
  • Ciencias Fácticas. Tienen como objeto los hechos adquiridos a través de la experiencia. El objeto de las ciencias fácticas es material y su método es el experimental y su criterio de 
  • verdad es la comprobación o verificación de resultados. Entre este tipo de ciencia encontramos la Física, Química, Biología, Psicología, Economía, Política, Antropología, Historia.
Metodología
Método es el procedimiento o instrumento (explícito, regular, racional, repetible, ordenado y objetivo) para conseguir los fines de la investigación. La metodología es el método especifico que se utilizara para llevar acabo una determinada investigación. En la metodología se contemplan los supuestos y principios de la ciencia y tiene como característica que muestra principal interés por el proceso desplazando como objetivo al resultados que pueda resultar.

La metodología representa la herramienta mas importante para el investigador, pues gracias a esta es posible seleccionar la perspectiva adecuada al problema que se pretenda investigar. La metodología puede variar dependiendo de la finalidad y objetivos que tenga el investigador.

La metodología en las ciencias sociales es el conjunto de procedimientos que se utiliza con el objetivo de obtener conocimiento científico de los hechos sociales. Abarca una serie de procedimientos de recogida de datos, cuya naturaleza condiciona también los métodos de análisis.

Técnica
Es el conjunto de habilidades, reglas y operaciones para el manejo de los instrumentos que son destinados a auxiliar al individuo en la aplicación de métodos. La técnica tiene como el ser práctico - operativo. Puede definirse como el conjunto de procedimientos y recursos de que se vale la ciencia para conseguir su fin. La técnica tiene procedimientos operativos rigurosos, que deben ser bien definidos, para ser transmitidos y aplicados repetidas veces en las mismas condiciones.

Podemos considerar que las técnicas nos permiten saber que es lo que tenemos que hacer para alcanzar un fin o un resultado de forma optima; pero que se situan en el nivel de los hechos actuando como auxiliar, y permitiendo aplicar los metodos a partir de elementos practicos, concretos y adaptados a un objeto definido. Las tecnicas se incluyen en un metodo y, a la inversa, un metodo conlleva el manejo de tecnicas diferentes.

La técnica se conforma por la búsqueda, estructuración y el aprovechamiento de las fuentes de conocimiento; y se distingue en cuanto al método, es que será principalmente deductivo, en caso de que la investigación en cuestión se de en el plano teorico, o tendra un carácter mas inductivo si la investigación se presenta en el terreno empirico.

En el Derecho la técnica jurídica es utilizada para el estudio los problemas relacionados con los procedimientos de interpretación, observancia y aplicación de las normas jurídicas.

Transdisciplina, interdisciplina y multidisciplina.

Una disciplina puede definirse como la categorización organizacional del conocimiento empírico, divide y especializa los conocimientos en los que se basan las ciencias. Siempre tiende a ser autónoma y se encarga de delimitar las fronteras que dividen a cada ciencia. Utiliza su propio lenguaje, técnicas y puede dar origen a su propia teoría. Las disciplinas son muy importantes y encuentran su justificación, al momento de reconocer la existencia de sus interdependencias entre las distintas ciencias.

Multidisciplina.
La multidisciplina es el estudio de una disciplina en concreto, utilizando como herramienta otras disciplinas. Es un conjunto de conocimientos que se mantienen al servicio de cada disciplina. Por ejemplo, se puede estudiar la agresión sexual desde el punto de vista del derecho, de la sociología, de la psicología, o incluso de la historia, la multidisciplina implica la fusión de disciplinas y de sus especialistas al tratar un mismo problema de investigación. Durante los procesos de investigación cada uno continúa sosteniendo sus conceptos y metodologías.

Interdisciplina

La interdisciplina se caracteriza por la existencia de una relación recíproca entre disciplinas, que intentan identificar y resolver un mismo problema. Utiliza métodos de una disciplina en concreto y la transfiere a otra, intercambiando conocimientos teóricos y prácticos entre distintas disciplinas.

Es posible distinguir: tres tipos de interdisciplina:
  • La interdisciplina entendida como aplicación. Por ejemplo, los métodos de la medicina nuclear transferidos a la medicina. 
  • La interdisciplina entendida como epistemología. Por 
  • ejemplo, los métodos de la lógica formal transferidos al derecho generanepistemología juridica. 
  • La interdisciplina como concepción de nuevas disciplinas. Por ejemplo, la transferencia de los métodos de la matemática a la física, lo que da por resultado la física-matemáticas.
Transdisciplina 
La transdisciplina puede definirse como el proceso de construcción del conocimiento madiante numerosos trabajos teórico-empíricos, abiertos a las tendencias heterogeneizantes consustanciales a toda realidad. La transdisciplina cruza las fronteras disciplinares y de cualquier tipo de ciencia en su objetivo de construir conocimiento. Su principal característica es que no se detiene con la interacción reciproca entre disciplinas,sino que reúne las relaciones entre disciplinas dentro de un sistema sin delimitaciones entre las disciplinas.

Para su existencia la transdisciplina necesita el conocimiento disciplinar pues sin él no sería posible. Los distintos conocimientos agrupados en disciplinas son el elemento fundamental del conocimiento transdisciplinar.  Es posible diferenciar una tipología dentro la transdisciplina, atendo al énfasis otorgado a los siguientes aspectos: 
  • El énfasis cognitivo o epistemológico.
  • El énfasis en el método de investigación.
  • El énfasis en la participación de los actores o individuos en el proceso de investigación.

Importancia y función de la estructura fundamental de conceptos

La idea de crear una estructura fundamental de conceptos es de vital importancia para cualquier disciplina o ciencia y esta es de mucha utilidad si se intenta definir un concepto, elaborar una teoría o incluso realizar una investigación científica. En consecuencia de su abundancia y complejidad, el conocimiento humano, debe ser estructurado para lograr las metas fijadas ante una investigación y es aquí donde a partir de un marco conceptual se debe seleccionar los conceptos fundamentales de la temática en cuestión y establecer con ellos una estructura que de fundamento a sus estudios.

Una estructura fundamental de conceptos es una herramienta que permite explicar una idea y ayuda a comprenderla mejor, organizando los conceptos que la componen y forman parte de ella. La estructura fundamental de conceptos tiene como principal función organizar la información relevante que existe sobre un tema en particular, esquematizar la información y presentarla.

La epistemología puede definirse como la ciencia que estudia el conocimiento humano, se basa en la centralidad de la definición de los marcos conceptuales de distintas disciplinas, con el objetivo de facilitar la transmisión y comprensión de la información existente. La epistemología jurídica también llamada teoría de la ciencia jurídica, se encarga de estudiar los métodos y procedimientos intelectuales que los juristas utilizan para identificar, interpretar, integrar, y aplicar las normas de derecho, así como el estudio sistemático de la argumentación jurídica.

Para el caso de las ciencias jurídicas es posible que varios sistemas de reglas o creencias distintos entre sí, puedan ser consideradas objetivas y válidas. Desde ciertos criterios epistémicos la pluralidad
de creencias o de reglas, no conduce a la irracionalidad o subjetividad, incluso si estas no puedan ser incluidas en un todo coherente. Por lo que es posible pensar en una pluralidad de sistemas
de reglas jurídicas, de conductas obligatorias, objetivas y válidas, que existen dentro de un mismo Estado. Con lo anterior se puede afirmar que el pluralismo jurídico es epistemológicamente correcto.

El garantismo de los derechos humanos.

El garantismo, es una ideología jurídica que intenta interpretar y explicar el derecho basandose en la figura de garantía, la cual puede definirse como cualquier técnica normativa de tutela de un derecho subjetivo. Otro de los pilares del garantismo es la separación entre derecho y moral, la distinción entre delito y pecado, y la conceptualización de validez y justicia. De esta separación deriva, a su vez, la distinción entre punto de vista interno y externo del derecho.

El principal exponente de esta corriente es Luigi Ferrajoli, quien primeramente elaboro una compleja teoría del garantismo penal. Posteriormente gracias a sus publicaciones nace la teoría general del garantismo, la cual tiene un fuerte vinculo con la teoría del Estado constitucional y con el denominado neoconstitucionalismo.

Una de las características principales del garantismo es que desconfía de cualquier manifestación de poder, ya sea de naturaleza pública o privada, o de caracter nacional o internacional. El garantismo basa su idea en que quienes ejercen el poder, son propensos a abusar de el, por lo qur deberían estar siempre limitados, sujetos a vínculos jurídicos que preserven los derechos subjetivos, en especial si tienen carácter de derechos humanos.

Características del garantismo
En primer término, es “una tesis metodológica de aproximación al derecho que mantiene la separación entre ‘ser’ y ‘deber ser’, entre efEl garantismo de los derechos humanos.ectividad y normatividad. Esta tesis es aplicable en los siguientes ámbitos del análisis jurídico:
  • El meta-jurídico del enjuiciamiento moral del derecho.
  • El jurídico del enjuiciamiento interno del derecho.
  • El sociológico de la relación entre el derecho y su práctica social efectiva.
Considera la figura de Estado como un instrumento y la dignidad personal como la finalidad principal del derecho. El modelo del derecho es normativo, es decir, Para el garantismo resulta relevante la distinción entre la validez y la eficacia de las normas, asi como la diferenciación con la la vigencia o existencia. Es un sistema de límites y vínculos al poder político para la protección de los bienes e intereses que deban ser perseguidos.

La legitimidad de la acción política se basa en la capacidad de concretar en la realidad los bienes y valores que, de acuerdo con el modelo normativo vigente, deban ser perseguidos y, por otra parte, la democracia no se reduce simplemente a lo electoral sino a sus contenidos.

El garantismo responde el problema de la inefectividad e ilegitimidad del derecho con dos soluciones interpretativas, por una parte la de carácter restrictivo, limitando los contenidos de las normas de nivel superior para hacerlas compatibles con las de nivel inferior o promoviendo reformas a la constitución formal para adecuarla a la constitución material, y por otra parte, la interpretación progresiva, que ve crecer las incoherencias en el ordenamiento secundario pero que tiende a maximizar los derechos constitucionales mediante reformulaciones normativas, a través de interpretaciones de la Constitución en términos mas vinculantes.

Principales ventajas que representa la teoría del garantismo.
  • El garantismo pone principal énfasis en los derechos humanos y limita el papel punitivo del Estado.
  • Su teoría de la validez se basa en el respeto de los derechos humanos.
  • Aquellas normas que contravengan los derechos humanos son consideradas inválidas.
  • Los jueces y autoridades son los encargados de tutelar los derechos humanos.
  • El garantismo es una filosofía política que presupone la separación del derecho y la moral.
  • La ciencia jurídica debe enfocarse en el derecho vigente para maximizar la protección de los derechos fundamentales.

Teorías de Justicia

Las teorías de la justicia son teorías en filosofía política o en filosofía del Derecho que pretenden fijar criterios legítimos para definir en qué consiste la justicia y cómo se alcanza la igualdad entre los seres humanos.

Existen diferentes corrientes que postulan su propia concepción de justicia, cada una con una visión diferente sobre en qué consiste una división justa y en qué circunstancias los individuos son iguales, tomando en cuenta, las nociones de bien, libertad, derecho de propiedad, igualdad material, igualdad de genero y paz social.

La justicia procedimental hace referencia al funcionamiento de la impartición de justicia en cuanto a los procesos para resolver conflictos y asignar recursos. Aquellos que intentan conceptualizar el ideal de justicia, coinciden en que las instituciones son justas cuando no existen distinciones arbitrarias entre las personas en cuanto a sus derechos y deberes y cuando las reglas tienen un balance correcto entre pretensiones competitivas respecto a las ventajas de la vida social.

La importancia principal de la teoría de la justicia es que los principios de la justicia para la estructura básica de la sociedad, son el objeto del acuerdo original. Son los principios que las personas libres y racionales interesadas en promover sus propios interese aceptarían en una posición inicial de igualdad como definitorios de los términos fundamentales de su asociación. Estos principios han de regular todos los acuerdos posteriores; especifican los tipos de cooperación social que se pueden llevar a cabo y las formas de gobierno que pueden establecerse. Dicho modo será llamado por el filósofo justicia como imparcialidad.

Las diversas concepciones de la justicia son el producto de diferentes nociones de sociedad puestas frente a un marco de puntos de vista opuestos acerca de las necesidades y oportunidades naturales de la vida humana”

La tesis de la separación y el positivismo excluyente

La tesis de la separación sostiene que la validez de una norma jurídica no conlleva a la validez moral. Indica que una norma no es jurídicamente válida simplemente por el hecho de ser moralmente aceptable, asi como que el hecho de que una norma inmoral no necesariamente carecerá de su capacidad jurídica vinculante. Un positivista excluyente sostiene que necesariamente no hay conexión entre derecho y moral, lo que equivaldría a afirmar que es imposible que exista una conexión entre derecho y moral.

Los principales argumentos que respaldan la tesis de separación conceptual de Derecho y moral son:

Argumento de la anarquía
En el supuesto de que un grupo de individuos no acepte obedecer las normas jurídicas por considerar que se violentan las reglas morales, existiría la posibilidad de que existiese una anarquía. Este argumento se basa en lo complejo que seria establecer una moral correcta absoluta y es aquí donde radica la necesidad de la separación.

Argumento teorico-científico
Si se vincula la moral con el Derecho, no seria posible contestar a si el derecho injusto también es considerado derecho, pues algunas concepciones juridicas tienen un significado positivo para la sociedad, sin embargo, cuando son aplicadas a la moral podrían resultar contradictoria.

Argumento lingüístico
Si el concepto de Derecho fuera el que es (derecho de todos los seres humanos), el que conocemos desde que nos concebimos, entonces no se podría incluir muchos de los derechos injustos que existen en el Derecho, pues habría que cambiar la idea de Derecho y reeducar a las personas al método jurídico, pues están concebidas de forma separada. La concepción de Derecho en el ser humano tiene una referencia moral, distinta a la del Derecho jurídico.

El positivismo excluyente explica el derecho mediante la denominada “tesis social fuerte”, haciendo referencia a la autoridad competente que produce la norma. Ese momento creador es verificable de una manera puramente empírica, como hecho social, y sin necesidad de recurrir a valoraciones. La doctrina que sigue esta corriente admite el uso de principios y estándares morales, pero no son jurídicos hasta que son acogidos en el marco judicial.

Positivismo Incluyente

El positivismo incluyente admite en su teoría que la práctica social que representa una de las partes fundamentales del derecho puede incluir criterios morales, aunque no necesite hacerlo en todas las situaciones. Es necesario señalar que aunque el positivismo incluyente permite las consideraciones morales, no se contrapone a la tesis de la separación conceptual entre el derecho y la moral ni a la tesis de las fuentes sociales, sostiene que la identificación del derecho de una sociedad, incluye un conjunto de hechos sociales complejos que pueden derivar en normas obligatorias que tienen su origen en un sistema de fuentes o determinados estándares morales.

El positivismo jurídico incluyente sostiene que la moral política que se usa como medio para criticar, justificar y evaluar las instituciones sociales y sus productos, son de mucha importancia en la determinación de la existencia y contenido del derecho positivo.

La principal critica de esta corriente es que al admitir la moral en la conceptualización del derecho, el positivismo jurídico incluyente puede confundirse con la teoría del derecho natural, sin embargo el positivismo incluyente no afirma que ciertas normas forman parte del derecho en virtud de su valor moral, tampoco afirma, y esto lo diferencia del positivismo clasico, que la identificación de una norma como derecho dependa sólo de la existencia de convenciones juridicas.

Otra característica importante del positivismo inclusivo, y que lo que lo distingue del positivismo exclusivo, es que sostiene que la moral puede jugar un papel en la determinación de la existencia, el contenido y el significado de las normas jurídicas, propone reformular o mejor, clarificar la noción de regla de reconocimiento elaborada por Hart que, como se recuerda, alude a la regla aceptada y usada por los ciudadanos y funcionarios públicos para identificar el derecho válido.

El neonaturalismo: Ronald Dworkin.

Ronald Myles Dworkin es un filósofo del Derecho y catedrático de derecho constitucional. Su teoría del derecho es considerada una de las más influyentes en el derecho contemporáneo. Dworkin puede ser considerado un iusnaturalista moderno o neonaturalista, pues en sus teorías niega que exista distinción conceptual entre derecho y moral, sosteniendo que la comprensión y descripción de las ciencias jurídicas están ligadas siempre y sin excepción a un juicio moral. Para Dworkin las reglas y principios no son la esencia del derecho, sino que son las herramientas utilizadas por los juristas para resolver los conflictos jurídicos. 

Sostiene que el derecho, particularmente en los casos demasiado complejos, no tiene una respuesta textual que se adecue exactamente a la situación jurídica en concreto, por lo que jueces tendrán que ajustar sus criterios los principio morales. En base a lo anterior la respuesta correcta sería la afirmación que tenga un mejor fundamento en base a los argumentos que den solución al conflicto jurídico. La idea principal del iusnaturalismo moderno de Dworkin es que, además de las reglas, entendidas como supuestos de conducta específicos, el derecho debe integrarse por otro tipo de condicionales a los cuales denomina “principios".

Los principios jurídicos tienen su origen en condicionantes morales que son legitimados en actos de autoridades oficiales del pasado, tales como textos jurídicos o decisiones judiciales como es el caso de la jurisprudencia. Pueden considerarse principios morales, sin embargo no pertenecen a la moral crítica que los jueces que aplicaran la ley consideren correcta. 

La idea central de Dworkin giran alrededor de la integridad judicial del cual se desprenden los siguientes dos principios:

El principio legislativo de integridad

Exige a los legisladores que traten de hacer del conjunto total del derecho, en cada acto de aplicación, un conjunto moralmente coherente.

El principio judicial de integridad.
Exige a los jueces que resuelvan los casos difíciles tratando de encontrar la mejor interpretación de la estructura política y de la doctrina jurídica de su comunidad a partir de algún conjunto coherente de principios que permita dar cuenta de los derechos y deberes que tienen los miembros de esa comunidad.

Dworkin no sólo incluye la ley y la jurisprudencia como base de los principios, sino también la ciencia jurídica, ya puede ser una gran herramienta para construir principios generales del Derecho que se puedan aplicar a casos concretos. De esta forma los principios interpretativos sustituirían a la ley como la fuente del Derecho por excelencia. No sólo la ley, sino también la interpretación judicial y las opiniones de la doctrina se deben aceptar como fuentes del Derecho.

Tesis de la vinculación entre la moral y el derecho

La tesis de la vinculación sostiene que existe en algún grado un área común entre Moral y Derecho y que ambas normatividades se influyen la una a la otra, conservando su identidad propia y su mutua distinción. El primer antecedente que existe sobre el intento de vincular las acciones de los humanos que interactúan en sociedad, a lo se considera moralmente correcto, es aquella que intentaba relacionar la naturaleza física con la naturaleza moral del hombre. Los distintos autores que sostenían esta tesis ligaban la concepción jurídica de legalidad a la noción de legalidad de la naturaleza y el mundo.

La tesis de vinculación conceptual defiende la necesidad de una moral correcta para definir el Derecho,  ideal propio del iusnaturalismo. Se defendía la relación indiscutible que existe entre la ley que rige el Universo y la existencia de las leyes humanas. Serian los sofistas los que se encargarían de mostrar la contradicción entre lo que es por naturaleza y permanece invariable, y el aquello que existe consecuencia de la convención o acuerdo, o por la voluntad de poder y su origen en el hábito, la costumbre o la ley.

Los principales argumentos que respaldan la tesis de vinculación son:
  • Argumento de legitimación acrítica. En caso de obedecer las normas jurídicas sin la existencia de un elemento moral, se terminaría en la obediencia acrítica, un elemento común en lo sistemas políticos dictatoriales. El principal contraargumento es que la obediencia acrítica es necesaria, pero no puede ser excesiva, pues puede ser utilizada de forma negativa.
  • Argumento sobre la lucha contra la injusticia. Argumentan que la única manera de luchar contra la injusticia, seria mediante el uso de la moral, ya que es inevitable la existencia de injusticias en el Derecho, y en consecuencia de lo anterior es necesario la inclusión de la moral para resolver los conflictos jurídicos alegando conceptos morales. El contraargumento de lo anteriormente mencionado es que la lucha contra la injusticia siempre es parcial, pues cuando se trata de erradicar una injusticia el otro bando esta sufriendo la otra parte de la justicia, por lo tanto, sería inútil y poco honesto tomar la lucha de la injusticia en la realidad, aunque es posible que en ocasiones se produzca un equilibrio de las justicias e injusticias.
También es importante mencionar la distinción que hacia aristoteles entre justicia según la igualdad y justicia según la ley. Esta la encontramos en la conocida formula lo igual para los iguales y lo desigual para los desiguales (política 1280a) y comprende la justicia correctiva aplicable entre iguales y la justicia distributiva aplicable entre desiguales. La justicia según la ley, que es la de la ciudad, la subdivide a su vez en justicia política legal y justicia política natural. Esta última es lo que en todas partes tiene la misma fuerza y no depende de la aprobación o desaprobación del ser humano; lo legal o convencional, por el contrario, es lo que en un principio es indiferente que sea de un modo u otro pero que una vez constituidas las leyes deja de ser indiferente.

El debate sobre la relación entre derecho y moral.

Las relaciones que existen entre el Derecho y Moral, es una fuente de debate clásica entre los pensadores del derecho, y su existencia representa siempre una serie de problemas.

El debate que existe alrededor a la incorporación o separación de la moral y el Derecho es algo que aun en nuestros días ocupa las ideas de la doctrina jurídica, por lo que es muy complejo analizar los argumentos de todos los pensadores que tienen algo que decir al respecto, dependiendo sobre la perspectiva en relación con la moral, es la concepción del Derecho que se defiende, aquellos que no la incluyen, son quienes sustentan la teoría de la separación, defendiendo desde su punto de vista la seguridad jurídica,

Los iusnaturalistas sostienen que el derecho debe manifestarse como un orden ideal, intemporal y objetivamente obligatorio como condición de validez del Derecho positivo, no consideran correcto la juricidad de aquellas normas que sean portadoras de mandatos de carcarter inmoral o injusto. Contrario a lo planteado por el iusnaturalismo el iuspositivismo no considera la distinción entre Derecho Natural y Derecho positivo, afirmamando que existe únicamente el derecho positivo.

El Derecho Natural nace de la necesidad de oponerse a la idea de un derecho Positivo inmoral o injusto. Tiene sus orígenes en la noción griega denominada “Phycis” que hace referencia la materialización de un orden estable y permanente, donde cualquier situación de contingencia o meramente temporal, como el poder político y el Derecho positivo, deben ajustarse. El Derecho Natural es una corriente que intenta establecer principios ideales de justicia como parámetro dogmático, y es una de las influencias mas marcadas para el Derecho Positivo.

A través del tiempo el iusnaturalismo ha tenido una constante evolución histórica que inicia con la idea de un derecho que se origina de la divinidad, a la de uno que nace de la naturaleza humana y que además puede describirse en postulados que puede aprenderse por mediante el uso de la razon.

La tesis de la vinculación
La vinculación del derecho con la moral refiere que las dos son normas de conducta, la morales un sistema de normas unilaterales, ya que es el individuo el que tiene el poder de decidir que hacer o no hacer, y sin embargo no puede exigierse al obligado a que cumpla el precepto ético por la fuerza; por el contrario sostiene que el derecho es bilateral porque se encuentra frente al Estado con su acción coactiva quien tiene la atribucion de hacer cumplir la norma, por lo que el derecho es obligatorio y coercible, impone deberes y concede derechos.

Tesis de la Separacion
Se reconoce la existencia de derechos naturales y morales, sin embargo exige que estos se ajusten a los principios y postulados generales de la legislación escrita; el argumento básico de la tesis de la vinculación se ve atacado, asumiendo que el derecho natural para ser válido debe estar conforme con la legislación escrita y no de forma contraria. 

Los juristas analíticos y la evaluación de sus productos

La Filosofía Analítica puede definirse como la práctica de la filosofía, realizada por estudiosos que se dedican a temas diversos, entre ellos las ciencias jurídicas. Son denominados Juristas analíticos aquellos estudiosos que acuden a la lógica matemática para desarrollar  la lógica de las normas y de las ideas normativas. Traducen el derecho en lenguaje formalizado de la lógica. Los juristas analíticos presuponen igualar a los científicos de las ciencias naturales.

La teoría jurídica analítica, también denominada Teoría de la jurisprudencia analítica, intenta encontrar en la exactitud del pensar y del hablar, la naturaleza científica del Derecho. Intenta ver el Derecho como es y no como debería ser, ya que se ocupa de la clarificación de la estructura general del pensamiento jurídico y del significado de su terminología. La lógica jurídica evita valoraciones del tipo ético, así como la influencia de toda realidad histórica o social. Los juristas analíticos se ocupan únicamente del Derecho tal como es, sólo el legislador o el filósofo interesado en problemas éticos debe preocuparse por el Derecho que debe ser.

John Austin fue un filosofo de nacionalidad británica, quien es considerado el principal exponente de la escuela analítica, señala que todo Derecho, en el sentido estricto de la palabra, necesariamente es impuesto por una persona o cuerpo soberano, y va dirigido a un miembro o miembros de la sociedad. Considera que el mandato coactivo es el elemento principal del Derecho cuando es impuesto como obligación para la generalidad y tiene su origen en un mandato superior dictado por un poder político que obliga a los subordinados. El Derecho es el resultado de la voluntad soberana, independientemente del contenido que pudiera tener.

Otra de sus características es que la lógica es el instrumento central en el análisis del Derecho y el método deductivo es el adecuado para ir de la regla general establecida por el legislador a los casos particulares y concretos a los que se aplica. El jurista analítico también se interesa por clarificar el significado de los conceptos jurídicos y compararlos con los de otros órdenes y constituir sistemas de conceptos generales y formales, y referirse a ordenamientos positivos. Se visualiza al Derecho como una entidad definida conceptualmente, que se desprende del fundamento de las normas, de las relaciones y de las instituciones jurídicas en formulaciones conceptuales constitutivas de un organismo lógico, autónomo y autosuficiente.

La característica más relevante de la jurisprudencia analítica es su naturaleza lógica y formal que prescinde de todo contenido, ya sea que se considere este como valor ético o como realidad histórico social empírica. En resumen se utiliza la lógica como instrumento de análisis mas eficiente para Derecho. A partir de la ayuda de la lógica se establecen definiciones, se generan conceptos, y se clasifican los sistemas jurídicos, con la intención de esclarecer el Derecho.

Positivismo metodológico o conceptual

El positivismo metodológico o conceptual señala que el concepto del derecho no se caracteriza según propiedades valorativas, sino que para entrañar en su esencia es necesario acudir únicamente a propiedades descriptivas. Descarta los juicios de valor en la aplicación del derecho y son verificables en relación a ciertos hechos observables empíricamente.

Esta corriente suele definir el derecho como un sistema normativo que presenta características fácticas especificas, sin tomar en cuenta propiedades de naturaleza valorativa. Sostiene que el derecho no es derecho hasta que no se manifiesta a través de leyes.

El positivismo metodológico o conceptual, en lo referente al concepto de derecho, se distingue del positivismo ideológico en que no se opone a la existencia de principios morales y de justicia universalmente validos y racionalmente justificables.

Esta corriente se opone a la segunda tesis del iusnaturalismo, la cual declara que la identificación de una regla del tipo normativo presupone juicios valorativos acerca de la adecuación de ese orden a ciertos principios morales o de justicia. 

El positivismo metodológico o conceptual no se opone de forma de directa a la primera tesis del iusnaturalismo, que sostiene que hay principios morales y de justicia universalmente válidos y justificables racionalmente. Este tipo de positivismo no se justifica mediante una tesis de filosofía ética y no implica la adhesión a una posición escéptica respecto de la justificación de los juicios de valor.

Pseudopositivismo o positivismo ideológico

El positivismo ideológico o pseudopositivismo es una corriente que establece que los propios criterios formales evaluatorios del derecho tienen consecuencias tanto jurídicas como morales. La idea principal de esta teoría es que la existencia del Derecho, independientemente de su fuente o naturaleza, implica la existencia de un mínimo de justicia y por tanto genera implicaciones morales. Existen dos tesis fundamentales que sustenta esta corriente:

La primera indica que el derecho es fuente de seguridad a nivel personal, basándose en el libre albedrío y en el conocimiento del individuo de las consecuencias de sus acciones; describe el derecho como un componente indispensable para la moralidad. Una vez establecido este criterio, el positivismo ideológico declara fundamental para la existencia de la moralidad que el derecho sea estrictamente obligatorio, declarando el principió "Dura Lex sed Lex" el cual debe ser respetado para alcanzar justicia y armonía social. Partiendo del punto anterior se observa al derecho como un ente natural, que por el solo hecho de existir ya es justo. Esta corriente describe la noción de derecho como el conjunto de normas que se aplican coactivamente y derivan de autoridades legítimas. 

La segunda tesis indica que la ley debe ser obedecida de forma incondicional, y que el derecho por su misma naturaleza es justo y tiene una condición de obligatoria, para esta corriente los valores morales se reflejan en los valores jurídicos y en consecuencia no debe existir contradicción alguna entre derecho y moral y los juzgadores tienen la obligación jurídica y moral de aplicar las normas sin cuestionarse si la norma es moral o injusta.

Dura lex, sed lex

La expresión latina Dura lex, sed lex tiene su origen en el Derecho romano, y puede traducirse literalmente como "dura ley pero ley". Lo que se interpreta a partir de este principio es que la ley es dura sin embargo es la ley, por lo que su aplicación es inevitable, incluso si resulta desfavorable por alguna situación en particular.​ Esta expresión, tiene como intención que el ciudadano respete la ley, en todos los casos, aun si se genera un perjuicio en el individuo que acata la norma.

Su antecedente histórico mas antiguo es el veredicto que introduce la ley escrita en la antigua Roma. En el se intento establecer la relevancia de la evolución natural del derecho oral trascendiendo al derecho escrito, ya que con este este ultimo, no era posible aplicar el derecho al arbitrio del ejecutante, pues la ley escrita eliminaba cualquier forma de imposicion arbitraria, mediante una ley basada en postulados de justicia y que se aplicaba igual para todos.

Las Doce Tablas, fue la primera ley escrita, de categoría expedida, publicada en Roma, sin embargo las clases sociales altas continuaron abusando de su poder mediante privilegios que eran otorgados por la misma ley. Las Acciones de la Ley eran manipuladas de forma caprichosa por parte de los pontífices y de los primeros magistrados romanos, quienes tenían el poder suficiente para decidir si era procedente o no la acción emprendida ante ellos. El ejemplo mas claro de lo anterior, es el hecho de que para instruir un proceso era necesario recitar palabras estrictamente solemnes ante el Magistrado, que eran conocidas por muy pocos, por lo que las clases bajas muchas veces no podía obtener protección de los mecanismos de derecho.

La codificación napoleónica y la justicia como legalidad

El código civil francés también denominado código napoleónico fue publicado el 21 de marzo de 1804. Es a partir de esta codificación que se consolidan muchas de los principios legales que surgieron en el periodo de la revolución francesa y es donde por primera vez se forja la idea de estabilidad social y jurídica. Uno de los aspectos mas importantes de esta codificación es que consolidaba jurídicamente la abolición de uno de los principales problemas del sistema legal anterior, el cual era la división de la sociedad en estamentos, que otorgaba distintos privilegios jurídicos dependiendo del estamento en el cual se encontraba cada individuó. Sumado a lo anterior se eliminaba de forma definitiva el feudalismo, practica que existía en Europa desde la Edad Media.

Otros de los aspectos determinantes que fueron regulados en esta codificación son:
  • Igualdad jurídica para todos los ciudadanos.
  • La individualidad de la propiedad.
  • La libertad de trabajo.
  • El principio de laicidad
  • La libertad de conciencia.
  • La separación en 3 poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) Creación de legislación en materia comercial y económica.
El Código Napoleónico junto en un solo cuerpo jurídico las regulaciones referentes al Comercio Marítimo y Terrestre, convirtiendo la noción del derecho mercantil, vista hasta ese entonces como un derecho subjetivo, a ser apreciado como un derecho objetivo, lo que facilito en gran medida los intercambios mercantiles, generando un beneficio enorme para la economía.

En el código civil francés se establecieron las nociones de libertad económica y personal, igualdad ante la ley, carácter individual de la propiedad, matrimonio civil y divorcio. Además es importante mencionar que se hacia una separación del Estado y la iglesia por lo que las normas religiosas no tenían influencia en los procesos jurídicos, se crearon disposiciones que garantizaban los intercambios mercantiles y se creo una legislación que abolían el Antiguo Régimen, con lo que se generaban los primeros precedentes del derecho contemporáneo, cuyos aportes son una pieza fundamental del derecho en la actualidad

Juspositivismo

El derecho positivo es aquel que el Estado impone a la colectividad, y que debe estar adaptado a los principios fundamentales del derecho natural. La teoría del juspositivismo sostiene que, para solucionar los supuestos de derecho que se presenten, es necesario utilizar textos legales que juzguen casos igual o idénticos. Con la teoría del jusnaturalismo no siempre se necesita recurrir a leyes escritas, pues es posible trascender, a través de la utilización de la Jurisprudencia que es un legado jusnaturalista romano. El juspositivismo socorre el jusnaturalismo cuando éste no es observado, y viceversa, pues cuando se traspasan e inviables los textos legales, se recurre a la jurisprudencia.

La corriente juspositivista cree que sólo puede existir el derecho y la justicia a través de normas positivas, o sea, emanadas por el Estado con el poder coercitivo, todas las normas escritas por los hombres por intermedio del Estado. El derecho positivo es aquel que el Estado impone a la colectividad, y que debe estar adaptado, en cierto modo, a los principios fundamentales del derecho natural.

El jusnaturalismo y el juspositivismo se distingue principalmente por el hecho del que el primero se base en leyes superiores, y observa el derecho como producto de ideales y valores como presupuesto y existencia de leyes naturales, mientras que el segundo justifica leyes impuestas como producto de la acción humana en su ejercicio cultural y social, y se rige por el propio ordenamiento positivo como presupuesto y existencia de leyes formales.

Jusmarxismo y crítica jurídica

El Marxismo es un sistema filosófico, político y económico basado en las ideas de Karl Marx y de Friedrich Engels, el que se caracteriza principalmente por rechazar el sistema capitalista y defender los ideales de igualdad de clases. Marx, considera el derecho como una superestructura que se origina a partir del sistema económico sobre el cual se sustenta la sociedad. 

Con la afirmación anterior Marx sostenía que el sistema de producción y consumo es el factor que dirige tanto a la cultura como a las ciencias, por lo tanto, éstas son manipuladas obedeciendo los intereses de los que poseen los medios de producción, por lo que el derecho no se escapa de esta influencia.

El Jusmarxismo, sostiene que el derecho responde directamente a los intereses de la clase alta, la cual adquiere su riqueza de los trabajadores mediante el sistema de producción capitalista, sin embargo hay que aclarar el hecho de que las ciencias, incluyendo el derecho, tanto en el comunismo como en el capitalismo están hechas para proteger a quienes poseen el poder, ya sea económico o político.

Hans Kelsen postula que es falso que el derecho proteja únicamente los intereses de la clase alta, también tutela los intereses de la clase oprimida y los intereses de una parte de la clase dominante contra otras partes de la misma.

Bronislávovich Pasukanis, Jurista soviético, cuya obra más conocida es Teoría general del Derecho y marxismo señala que no es suficiente, para la existencia objetiva del derecho, conocer su contenido normativo; es necesario conocer si tal contenido normativo se realiza o no en las relaciones sociales.

Pēteris Stučka jurista soviético, político, presidente y primer ministro de Letonia en 1919 sostiene que el derecho es un sistema de relaciones sociales en correspondencia con los intereses de la clase dominante y el tutelado por su fuerza organizada.

Andréi Vyshinski considera al derecho como el conjunto de las reglas de conducta que expresan la voluntad y conveniencia de la clase dominante legislativamente establecida; sus costumbres y sus reglas de convivencia, garantizadas por la fuerza coercitiva del poder estatal.

Jussociologismo y realismo

El jussociologismo es el pensamiento intelectual llevado a cabo por los juristas que pertenecen a la corriente antiformalista, quienes basan sus ideas en investigaciones empíricas realizadas en el ámbito jurídico, comúnmente sobre temas relacionados con la sociología del derecho.

La principal característica del jussociologismo es que se basa en la investigación de acontecimientos partiendo desde una posición empírica, y vinculandolo con el Derecho. Gran parte de la doctrina señalan, que existe una diferencia entre el sociologismo jurídico y la sociología del Derecho.

Para los teóricos que siguen esta corriente el derecho no se conforma por supuestos de hecho con contenido que describa lo que es estrictamente obligatorio, sino que se constituye por las reglas realmente observadas por la sociedad o impuestas por la autoridad de Estado. Describe también que el derecho se manifiesta, principalmente, en los precedentes judiciales y en las sentencias dictadas por los tribunales; una ley que no se aplica es una ley muerta.

Podemos entender el sociologismo o realismo jurídico como la concepción del derecho en que prevalecen los elementos conductuales entre los normativos. Se clasifica en dos grandes ramas:
  • Realismo de Estados Unidos. En este realismo el objeto de la jurisprudencia es predecir en especial lo que los tribunales harán en el futuro. Dentro del realismo la investigación sociológica en el campo del derecho debe realizarse con un análisis de los factores preceptivos: reglas, principios, doctrina; y de los intereses individuales, públicos y sociales.
  • El realismo europeo. En oposición a la concepción normativista el objeto de la ciencia jurídica es la conducta humana, entendida como fenómeno psicosocial, pero sin aceptar la idea del realismo norteamericano de que el derecho se reduce a hechos sociales.
El Sociologismo es un tipo de pensamiento en el cual el derecho nace de la historia. Alf Ross nos dice que la teoría general del derecho debe plantear y resolver tres grandes problemas: el concepto y naturaleza del derecho, el de fin o idea de éste y el de la interferencia entre derecho y sociedad.

Jusnaturalismo



El concepto jusnaturalismo hace referencia a la corriente filosófica que afirma la existencia de una ley de naturaleza reguladora de las acciones humanas, que existe como principio de regulación de un orden jurídico racionalmente constituido y como modelo base para la existencia de los ordenamientos actuales e historicos, cuya juridicidad tiene que adaptarse y valorarse con respecto a dicho dicho modelo.

La ley natural actual sostiene que la ley es independiente de la voluntad humana, existe incluso antes de que el hombre y por encima de las leyes de los hombres, el derecho de la ley natural es natural y sus supuestos los valores del ser humano, y busca siempre un ideal De justicia.

El derecho natural es universal, inmutable e inviolable, es la ley impuesta por la naturaleza a todos aquellos que se encuentran en un estado de naturaleza.

La concepción jusnaturalista fue el resultado de transformaciones económicas y sociales que impusieron cambios en la concepción del poder del Estado, que pasó a ser comprendido como una institución creada a través del consentimiento de los individuos a través del contrato social.

Se pueden vislumbrar dos teorías básicas de movimiento de la ley natural.

El primer argumento es la suposición de dos cuerpos legales: el derecho positivo y el derecho natural.
Derecho positivo - se corresponde con el fenómeno específico legal, percibida a través de los órganos de los sentidos, y por lo tanto, el fenómeno jurídico empíricamente verificable, tal como se expresa a través de las fuentes del derecho, especialmente los de la Estado.
Ley Natural - corresponde a una exigencia perenne, derecho eterno e inmutable de una feria, representado por un valor trascendente o metafísico de la justicia.

La segunda teoría de la ley natural es la superioridad de la ley natural en la cara del derecho positivo. En este sentido, el derecho positivo debería, conforme a la doctrina jusnaturalista, adecuarse a los parámetros inmutables y eternos de justicia. El derecho natural como representativo de la justicia serviría como referencial valorativo (el derecho positivo debe ser justo) y ontológico (el derecho positivo injusto deja de presentar juridicidad), bajo pena del orden jurídico identificarse con la fuerza o el mero albedrío. En este sentido, el derecho vale si es justo y, por lo tanto, legítimo, de ahí resultando la subordinación de la validez a la legitimidad del orden jurídico.

Aunque se orientaba por la búsqueda de una justicia eterna e inmutable, la doctrina del derecho natural ofreció, paradójicamente, diversos fundamentos para la comprensión de un derecho justo a lo largo de la historia occidente. En este sentido, el Jusnaturalismo puede agruparse en las siguientes categorías:

Desde el punto de vista Jurisfilosófico, la doctrina jusnaturalista desempeñó la función relevante de señalar la necesidad de un tratamiento axiológico para el derecho. Esto porque el jusnaturalismo permite una tematización de los valores jurídicos, abriendo espacio para la discusión sobre la justicia y sobre los criterios de edificación de un derecho justo.

Responsabilidad de las partes

La ley de amparo señala que se impondrá sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario:
  • Cundo el quejoso en un juicio de garantías, al momento de formular su demanda, declare como verdaderos, hechos falsos, o en su caso, oculte hechos de su conocimiento que tengan relación con el juicio de garantias, siempre y cuando no se trate de uno de los actos señalados en el artículo 17 de la ley de amparo.
  • Cuando el quejoso o tercero perjudicado en un juicio de garantías, presente testigos o documentos falsos.
  • Cuando el quejoso en un juicio de garantías con la intención de darle competencia a un juez de Distrito, designe como autoridad ejecutora a una que no lo sea, teniendo en cuenta que no se reclamen algunos de los actos a que se refiere el artículo 17 de la ley de amparo.

Responsabilidad de las autoridades responsables

En el supuesto de que autoridades responsables en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, alteren la información o mientan en cuanto a lo declarado en sus informes, serán sancionadas según lo dispuesto por el Código Penal federal conforme lo dispuesto para las autoridades que lleven a cabo esas afirmaciones o negativas al enviar información a otra autoridad.

Si una autoridad responsable dolosamente revocare el acto reclamado, con la intención de que se sobresea en el amparo sólo para insistir con posterioridad en dicho acto, será sancionado con lo previsto en el Código Penal aplicable en materia federal para los responsables del delito de abuso de autoridad.

La autoridad responsable que no acaté un auto de suspensión que fue notificado conforme a ley, será sancionada en los términos que señala el Código Penal federal para el delito de abuso de autoridad, independientemente de que con el mismo acto de cometa otro delito.

La autoridad responsable que en los casos de suspensión admita fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, será sancionada en los términos previstos por el Código Penal aplicable en materia federal para los delitos cometidos contra la administración de justicia.

En caso de que una vez concedido el amparo, la autoridad responsable no detenga el acto reclamado o no cumpla con sentencia de la autoridad federal, se le separada de su cargo y se consignara al juez de Distrito que corresonda, para ser juzgado, donde sera sancionada según lo dispuesto por el Código Penal federal para el delito de abuso de autoridad.

Como podemos ver cuando la autoridad responsable se niegue a cumplir las disposiciones aplicables en materia de amparo será sancionada según lo dispuesto en el Código Penal Federal para los delitos cometidos contra la administración de justicia.

Responsabilidad de los servidores públicos que conozcan del amparo

La Ley de Amparo establece que los jueces de Distrito, las autoridades judiciales de los estados y del Distrito Federal, los presidentes de las juntas de Conciliación y Arbitraje y los ministros de la Suprema Corte son sujetos a responsabilidad en los juicios de amparo por los delitos o faltas que cometan en la sustanciación de éstos y en las sentencias.

Nos son sujetos susceptibles de incurrir en responsabilidad por faltas o delitos cometidos en el juicio de garantías los magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito ni los magistrados de los Tribunales Unitarios de Circuito, sin embargo, sí pueden actualizar las hipótesis normativas de infracción previstas para los casos concreto. Como ejemplo de lo anterior el articulo 199 sostiene que el juez de Distrito o la autoridad que conozca del juicio de amparo, que no suspenda el acto reclamado cuando se trate de peligro de privación de la vida, o alguno de los actos prohibidos en el art. 22 de la Constitución federal, será castigado como responsable del delito de abuso de autoridad, sí se llevare a cabo la ejecución de dicho acto, o del ilícito contra la administración de justicia, si la ejecución no se efectúa por causas ajenas a la intervención de la justicia federal.

De igual manera el art. 200 de la Ley de Amparo señala la responsabilidad que proviene de no suspender el acto reclamado, cuando la suspensión fuere notoria, y el juez de amparo no la concediere por negligencia o por motivos contrarios a la ley.

El articulo 201 señala una sanción igual para aquellos jueces de Distrito o autoridades que conozcan del juicio de amparo, en los casos siguientes:

  • Cuando excarcele al quejoso contra lo prevenido en las disposiciones aplicables de esta ley, sin perjuicio de la pena que corresponda y que aplicará por separado la autoridad competente, si con el de excarcelación se cometiere otro delito.
  • Cuando por no dar curso oportuno a las promociones que por su conducto se hagan a la Suprema Corte se retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la administración de justicia.
  • Cuando sin motivo justificado se suspenda o difiera la audiencia constitucional.
  • Cuando fuera de los casos permitidos por esta ley decrete la suspensión del acto reclamado, aunque sea con el carácter provisional, y por virtud de ellas se produzca un daño o se conceda una ventaja indebidos.

El articulo 202 señala que la falta de cumplimiento de las ejecutorias de amparo imputables a los jueces de Distrito, o a las autoridades judiciales que conozcan del juicio de amparo, se sancionara conforme a lo dispuesto por el delito de abuso de autoridad.

El artículo 203 establece que la imposición de cualquier pena privativa de libertad en consecuencia de responsabilidad en el conocimiento de un juicio de amparo, ocasionará que el funcionario culpable sea destituido de su cargo y suspendido, hasta por un término maximo de cinco años, sin la posibilidad de desarrollarse profesionalmente en el ramo judicial, del trabajo o en el Ministerio Público.

Responsabilidad en el juicio de amparo

Existen dos acepciones para la palabra responsabilidad que son de interés para el ámbito jurídico, puede definirse como el deber a cargo del sujeto obligado en la relación jurídica o bien como el deber que nace cuando el sujeto obligado ha incurrido en incumplimiento de una obligación que tenia a su cargo. En el juicio de amparo la responsabilidad hace referencia a la sanción que se origina por el incumplimiento de las normas o disposiciones Señaladas en la Ley de Amparo.

En base a lo anterior podemos concluir que la responsabilidad en el juicio de amparo son aquellas disposiciones jurídicas que señalan cuales serán las consecuencias o sanciones que se originen del incumplimiento de obligaciones señaladas en la Ley de Amparo, por el órgano jurisdiccional o por alguna de las partes que intervienen en el procedimiento constitucional.

El título quinto de la Ley de Amparo rige en lo que se refiere a la responsabilidad que puede recaer en los órganos y sujetos procesales que intervienen en el juicio constitucional. Este título establece los supuestos de responsabilidad y los divide en tres capítulos:
  • Responsabilidad de los órganos jurisdiccionales que conocen de nuestro juicio constitucional.
  • Las autoridades responsables.
  • Responsabilidad del quejoso y al tercero perjudicado.

Obligatoriedad de la jurisprudencia en el amparo

La obligatoriedad en el amparo hace referencia al hecho de que la jurisprudencia deberá ser aplicada o acatada por los órganos jurisdiccionales a quienes la ley les atribuye una jerarquía inferior, por lo que se le impone como obligación legal observar los dictada por la autoridad superior, trae consigo el nacimiento de un deber, una exigencia de acatarla y de sujetarse a lo establecido por la misma. Dependiendo del órgano emisor, la obligatoriedad de la jurisprudencia puede mostrase en el siguiente esquema:

Tratándose del Tribunal Pleno de la H. SCJN
  • Las Salas de la H. Suprema Corte 
  • Los Plenos de Circuito 
  • Los Tribunales Colegiados de Circuito 
  • Los Tribunales Unitarios de Circuito 
  • Los Juzgados de Distrito 
  • Los Tribunales Militares 
  • Los Tribunales judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal 
  • Los Tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales
Tratándose del Tribunal Salas de la H. SCJN
  • Los Plenos de Circuito 
  • Los Tribunales Colegiados de Circuito 
  • Los Tribunales Unitarios de Circuito 
  • Los Juzgados de Distrito 
  • Los Tribunales Militares 
  • Los Tribunales judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal 
  • Los Tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales
Tratándose de de los Plenos de Circuito (sólo rige para los órganos jurisdiccionales inferiores “que se ubiquen dentro del circuito correspondiente)
  • Los Tribunales Colegiados de Circuito 
  • Los Tribunales Unitarios de Circuito 
  • Los Juzgados de Distrito 
  • Los Tribunales Militares 
  • Los Tribunales judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal 
  • Los Tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales
Tratándose de los Tribunales Colegiados de Circuito
  • Los Tribunales Unitarios de Circuito 
  • Los Juzgados de Distrito 
  • Los Tribunales Militares 
  • Los Tribunales judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal 
  • Los Tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales
La jurisprudencia afecta únicamente a órganos jurisdiccionales, y siempre es vertical descendente, por lo que tiene efectos sólo frente a órganos jurisdiccionales inferiores, por lo que no rige entre iguales o superiores jurisdiccionales.

Contradicción de tesis en el juicio de amparo

El articulo 225 de la ley de amparo señala que la jurisprudencia por contradicción se establece al dictarse dos criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los Plenos de Circuito o entre los tribunales colegiados de circuito. Cuando esto suceda dicha contradicción sera resulta dependiendo de la situación en concreto, sobre lo anterior el articulo 226 señala lo siguiente:
  • Cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre las salas de la Suprema corte de justicia sera el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien resuelva dicha contradicción.
  • Cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, entre los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito, o sus tribunales de diversa especialidad, así como entre los tribunales colegiados de diferente circuito sera el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según la materia.
  • Cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los tribunales colegiados del circuito correspondiente sera los Plenos de Circuito.
La contradicción de tesis, podrá tener distintas resoluciones donde la autoridad podrá aceptar uno de los criterios discrepantes, sustentar uno distinto, declararla inexistente, o sin materia y la decisión se determinará por la mayoría de los magistrados que los integran. La resolución que se produzca en consecuencia de la contradicción de tesis no tendrá efectos sobre las situaciones jurídicas concretas de los juicios en los cuales se hayan dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias.

El articulo 127 nos habla sobre la legitimación para denunciar las contradicciones de tesis y señala las reglas aplicables para esta:
  • Cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre las salas de la Suprema corte de justicia, podrán ser denunciadas ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los Ministros, los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Magistrados de los Tribunales Unitarios de Circuito, los Jueces de Distrito, el Procurador General de la República, o las partes en los asuntos que las motivaron.
  • Cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, entre los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito, o sus tribunales de diversa especialidad, así como entre los tribunales colegiados de diferente circuito podrán ser denunciadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los Ministros, los Plenos de Circuito o los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, que hayan sustentado las tesis discrepantes, el Procurador General de la República, los Magistrados de Tribunal Unitario de Circuito, los Jueces de Distrito, o las partes en los asuntos que las motivaron.
  • Cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los tribunales colegiados del circuito podrán ser denunciadas ante los Plenos de circuito por el Procurador General de la República, los mencionados Tribunales y sus integrantes, los Magistrados de Tribunal Unitario de Circuito, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron.

Jurisprudencia de los tribunales colegiados en el amparo

La jurisprudencia por reiteración para los tribunales colegiados resulta de cinco ejecutorias consecutivas y uniformes, no interrumpidas por otra en contrario, dictadas por el mismo órgano, que deben ser aprobadas por unanimidad de votos de los Magistrado. Las ejecutorias de amparo y los votos particulares de los ministros y de los magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, que con ello se relacionen, se publicarán en el Semanario Judicial de la Federación, siempre que se trate de las necesarias para constituir jurisprudencia o para contrariarla.

Los Tribunales Colegiados de Circuito y los magistrados que los integren, con motivo de un caso concreto podrán pedir al Pleno de la Suprema Corte o a la sala correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificación; el Procurador General de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, los mencionados tribunales o los magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer.

La ley de amparo preceptúa en su artículo 192, que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito,

La jurisprudencia que establezca cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria para los Tribunales Unitarios, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del fuero común de los Estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito constituyen jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por unanimidad de votos de los Magistrados que integran cada Tribunal Colegiado.

Jurisprudencia de las salas en el juicio de amparo

La jurisprudencia por reiteración para los casos de las salas, resulta de cinco ejecutorias consecutivas, no interrumpidas por otra en contrario, dictadas por el mismo órgano, aprobados al menos por cuatro Ministros. Las ejecutorias de amparo y los votos particulares de los ministros se publicarán en el Semanario Judicial de la Federación, siempre que se trate de las necesarias para constituir jurisprudencia o para contrariarla, además de la publicación prevista por el artículo 195 de esta ley. Igualmente se publicarán las ejecutorias que la Corte funcionando en Salas.

Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, cualquiera de dichas Salas o los ministros que las integren, podrán denunciar la contradicción ante la misma Suprema Corte de Justicia, la que decidirá funcionando en Pleno cuál es la tesis que debe observarse.

Las Salas de la Suprema Corte de Justicia, con motivo de un caso concreto podrán pedir al Pleno de la Suprema Corte o a la sala correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificación.

Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustenten en cinco sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, aprobada por lo menos por cuatro Ministros, en los casos de jurisprudencia de las Salas. También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de Salas.

Jurisprudencia del pleno en el juicio de amparo

En los juicios de amparo cuando se trate de jurisprudencia del Pleno la jurisprudencia por reiteración también denominada método tradicional, deberá consistir para su existencia de cinco ejecutorias consecutivas y uniformes, si que exista otra ejecutaría que interrumpa dictando una resolucion en contrario , dictadas por el mismo órgano, que deben ser aprobadas por lo menos por ocho Ministros.

La naturaleza jurídica de la contracción de tesis es unificar las tesis o criterios en litigio; y es el resultado de una sola resolución que emite el Pleno o las Salas, es suficiente con que la resolución que se dicte sea emitida por mayoría; una de sus principales características es que no pone fin a la situación jurídica concreta, si no que resuelve sobre un conflicto de interpretación y declara como debe aplicarse el precepto jurídico de derecho. 

Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, cualquiera de las Salas o los ministros que las integren, el Procurador General de la República o aquellas partes que integran los sujetos en el juicio de amparo en que tales tesis hubieran sido sustentadas, tienen derecho a denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que funcionando en Pleno decidirá cuál es la tesis que debe observarse. El Pleno de la Suprema Corte deberá dictar la resolución correspondiente dentro del término de tres meses, y deberá ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195 de la ley de amparo. 

Las Salas de la Suprema Corte de Justicia , en caso de existir un caso concreto que lo asi lo amerite, podrán pedir al Pleno de la Suprema Corte que modifique la jurisprudencia que fue dictada, señalando las razones que motiven la modificación; el Procurador General de la República, podrá, si lo considera necesario, exponer su parecer dentro de un plazo de treinta días. El Pleno o la Sala correspondiente decidirán si modifican la jurisprudencia, sin que su resolución afecte las situaciones jurídicas concretas que tengan de origen a apartir de los juicios en las cuales se hubiesen dictado las sentencias que integraron la tesis jurisprudencial modificada.

La ley de amparo señala en su artículo 192, que la jurisprudencia dictada por la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es considerada obligatoria cuando sea decretada por Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. 

Las resoluciones serán consideradas jurisprudencia, siempre y cuando lo resuelto en ellas se sustenten en cinco sentencias ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por lo menos por ocho Ministros si se tratara de jurisprudencia del Pleno.

Improcedencia del amparo agrario

No-preclusión de la acción de amparo
La procedencia del amparo en materia agraria esta condicionada a la posibilidad de que los núcleos de población puedan ser afectados por actos que tengan o puedan tener por efecto privarlos total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad o posesión o disfrute de sus bienes agrarios, estos actos nunca pueden estimarse consentidos de manera tácita. Por ello, la causa de improcedencia que se funda en este tipo de consentimiento jamás opera en perjuicio de las mencionadas comunidades.

Negativa de afectar determinadas tierras
Los integrantes de nuevos centros de población no tienen el derecho a que se les dote con determinadas tierras que ellos designen, siendo el amparo improcedente contra la negativa que rehusé su petición en este sentido por falta de interés jurídico. No procede el amparo a favor de los solicitantes de un nuevo centro de población contra las resoluciones que hayan dotado de las mismas tierras pretendidas por aquellos a otro poblado.

Concentimiento
Sera improcedente si el comisariado ejidal no tiene facultades para consentir los actos que afecten al núcleo de población respectivo. En otras palabras, el consentimiento expreso de dichos actos debe externarlo la asamblea de ejidatarios convocada para tal efecto conforme a la Ley de la materia, levantándose el acta correspondiente.

Sobreseimiento y caducidad de instancia
Puede ser sobreseído un juicio de amparo promovido por cualquier núcleo de población cuando este se desista de la acción constitucional, debiendo el desistimiento acordarse expresamente por la asamblea general de los miembros que integren dicho núcleo. La inactividad procesal jamás opera como la causa de sobreseimiento en los amparos agrarios cuya connotación ya quedo especificada. Por lo que atañe a la caducidad de la instancia, esta no opera si los recurrentes en revisión son las comunidades agrarias o los ejidatarios o comuneros en particular, pero si surge si quienes interpusieron dicho recurso contra la sentencia del Juez de Distrito que haya sido favorable a dichos sujetos, procésales, son las autoridades responsables o el tercero perjudicad

Competencia auxiliar en el amparo agrario

La competencia auxiliar en el amparo agrario, puede entenderse como aquella facultad otorgada a los Jueces de primera instancia, para conocer de aquellos asuntos de carácter urgente, y que por su naturaleza hagan necesario la pronta intervención de la Justicia Federal, esto con el objetivo de prevenir algún daño inminente al interesado.

La competencia auxiliar que es concedida a las autoridades judiciales por el articulo 35 párrafo segundo de la Ley de Amparo, únicamente los faculta para realizar los actos que les atribuye la legislación, como consecuencia de la urgencia del asunto que se trate, pues la naturaleza jurídica de la competencia auxiliar, es la de coadyuvar mediante la preparación del juicio que corresponda, ya que una vez hecho esto los Jueces de Distrito continuaran con la tramitación del juicio, por lo que podemos entender que  las facultades que se atribuyen a los órganos auxiliares, se limitan a la recepción de la demanda, así como al otorgamiento de la suspensión provisional del acto que se reclame.

Esta competencia auxiliar permite prevenir un perjuicio a los derechos del interesado, y en el caso particular donde el acto reclamado tenga como consecuencia privar de sus derechos agrarios, a un núcleo de población quejoso, de sus derechos individuales a ejidatarios o comuneros, será posible acudir a la competencia auxiliar para que un juez de primera instancia, pueda recibir la demanda y con ello se solicite la suspensión del acto reclamado.


Procedencia del amparo en materia agraria

La procedencia del amparo en materia agraria se encuentra regulada por la reglas relativas a la competencia del amparo en general, las cuales se encuentran condicionadas a la existencia de una sentencia definitiva según lo dispuesto con el artículo 46 de la Ley de Amparo. De forma general existen dos tipos de competencia, aquella que da origen al amparo directo y la que corresponde al amparo indirecto, de estas competencias se agregan la competencia auxiliar y la competencia concurrente.

Para el caso del amparo indirecto en materia agraria, sera el Juez de Distrito quien en conozca del juicio de garantia, y es procedente los siguientes supuestos:
  • I. Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos 
  • expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicios al quejoso; 
  • II. Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia.
  • III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben.
  • IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; 
  • V. Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería.
  • VI. Contra leyes o actos de la autoridad federal o de los Estados, en los casos de las fracciones II y III del artículo 1o de esta ley. 
  • VII. Contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, en los términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 21 constitucional. Cuando según la disposiciones planteadas en la ley de amparo sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías en materia  agraria, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.
En el supuesto donde un acto se ejecutase en un Distrito y sigue ejecutándose en otro,
cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, será competente. Sera competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material.

En los lugares en que no resida juez de Distrito, los jueces de Primera Instancia dentro de cuya jurisdicción radique la autoridad que ejecuta o trate de ejecutar el acto reclamado tendrán facultad para recibir la demanda de amparo, pudiendo ordenar que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentren por el término de setenta y dos horas, que deberá ampliarse en lo que sea necesario, atenta la distancia que haya a la residencia del juez de Distrito; ordenará que se rindan a éste los informes respectivos y procederá conforme a lo prevenido por el artículo 144 de la Ley de Amparo. Hecho lo anterior, el juez de primera instancia remitirá al de Distrito, sin demora alguna, la demanda original con sus anexos.

La facultad otorgada a los jueces de Primera Instancia para suspender provisionalmente el acto reclamado, sólo podrá ejercerse si los actos reclamados signifiquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o de alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal.

El amparo contra sentencias definitivas o laudos, independientemente de si la violación se cometió durante el procedimiento o en la sentencia misma, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable, la que procederá en los términos señalados en los artículos 167, 168 y 169 de la Ley de Amparo.

Amparo agrario

Podemos entender por amparo en materia agraria como el régimen particular que tiene como finalidad la protección jurídica de los ejidatarios, comuneros y núcleos de población ejidal o comunal, en cuanto a sus derechos agrarios, ya que en consecuencia de los circunstancias especiales de esta actividad económica, se modifican algunos principios encargados de regular el juicio de amparo.

Entendemos entonces que esta institución, tiene como finalidad proteger a los ejidatarios, comuneros, núcleos de población ejidal o comunal en cuanto a sus derechos, régimen jurídico, propiedad, posesión o disfrute de sus bienes agrarios y en sus derechos agrarios.

Es necesario señalar que se considera materia agraria cualquier asunto en el que se reclamen actos que de alguna manera afecten directa o indirectamente el régimen jurídico agrario que el artículo 27 de la Constitución, el Código Agrario y sus reglamentos, establecen como medios reguladores de los sujetos individuales y que se mencionaron anteriormente, independientemente de que dichos actos se emitan o realicen dentro de algún procedimiento agrario en que, por su propia naturaleza necesariamente están relacionados con las cuestiones concernientes al régimen jurídico agrario.

Suspensión en el amparo directo

Puede definirse como la medida cautelar que es decretada por la autoridad encargada de conocer el juicio del garantías y de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; para analizar sobre la suspensión del acto reclamado. no se preve su desahogo en una audiencia, ya que esta medida cautelar es resulta de plano por la autoridad responsable, sin que se lleve acabo substanciación previa, esto en consecuencia de que el hecho que el acto reclamado constituye es una sentencia definitiva, un laudo o alguna resolución que haya puesto fin al juicio.

El objeto de la suspensión en el juicio de amparo es conservar la materia del mismo y es por esto que no compromete el criterio judicial en lo que respecta a la sentencia del fondo del juicio constitucional. Tiene como efecto que la autoridad responsable, una vez que el quejoso lo solicite, detenga la ejecución material del acto de autoridad hasta que se resuelva en forma definitiva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado.

Cuando se trata de juicios de garantías donde la competencia recae sobre los Tribunales Colegiados de Circuito, la autoridad responsable decidirá sobre la suspensión de la ejecución del acto reclamado ajustándose a lo que establece el artículo 107 de la Constitución, sujetándose a las disposiciones de la ley de amparo.

Cuando se trate de sentencias definitivas dictadas en juicios del orden penal, al proveer la autoridad responsable, conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 168 de esta ley, suspenderá de plano la ejecución de la sentencia reclamada. Cuando la sentencia reclamada tenga como consecuencia la privación de la libertad, la suspensión surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Tribunal Colegiado de Circuito competente, por mediación de la autoridad que haya suspendido su ejecución, la cual podrá ponerlo en libertad caucional si procediere.

Cuando se trate de sentencias definitivas o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas en juicios del orden civil o administrativo, la suspensión se decretará a instancia del agraviado, si concurren los requisitos que establece el artículo 124, o el artículo 125 de la ley de amparo en su caso, y surtirá efecto si se otorga caución bastante para responder de los daños y perjuicios que pueda
ocasionar a tercero.

En caso de resoluciones pronunciadas en juicios del orden civil, la suspensión y las providencias sobre admisión de fianzas y contrafianzas, se dictarán de plano, dentro del preciso término de tres días hábiles. 

Tratándose de laudos o de resoluciones que den por terminado el juicio, y que sean dictados por tribunales del trabajo, la suspensión podrá ser concedida en los casos en que, según el criterio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. 

Cuando la ejecución o la inejecución del acto reclamado pueda ocasionar perjuicios al interés general, la suspensión podrá ser concedida o negada buscando no causar esos perjuicios. En estos casos la suspensión surtirá sus efectos sin necesidad de que se otorgue  fianza.

Las cauciones mencionadas en los artículos 173 y 174 de la ley de amparo se harán valer ante la misma autoridad responsable, tramitándose el incidente de liquidación en los términos establecidos por el artículo 129 de la ley de amparo.

Incidentes de suspensión en el juicio de amparo

El incidente de suspensión en el que se tramita la suspensión a petición de parte.
Cuando la suspensión provisional, surge a partir de una orden judicial potestativa y unilateral que es dictada por un Juez de Distrito, es necesario que se resuelva en vía incidental mediante la presentación de la demanda y la solicitud de suspensión, atendiendo los daños y perjuicios, por lo que los efectos consistirán en suspender la ejecución material del acto reclamado.

Cuando se trata de una suspensión definitiva, al celebrase la audiencia incidental, el Juez de Distrito dictara la resolución que corresponda, ya sea concediendo o negandola, dependiendo si se comprueba o no la afectación del interés jurídico del quejoso, el objetivo principal es conservar la materia del juicio, hasta que dicte sentencia que ponga fin a la primera instancia del juicio del garantías. Una vez otorgado, los efectos consistirán en que no se ejecute el acto reclamado y, en consecuencia, detener la ejecución material hasta que se resuelva en definitiva si la actuación se encuentra dentro del marco constitucional o no.

Incidente de violación a la suspensión.
Es un mecanismo jurídico legal mediante el cual el quejoso denuncia la desobediencia por parte de autoridades hacia la resolución que haya decretado suspensión, por lo que en fecha posterior a su conocimiento hayan ejecutado los actos que son objeto de la medida cautelar.

Por tanto, la materia de análisis de este incidente se constituye, por la determinación de si se deja o no insubsistente el acto, y siempre que la naturaleza del acto lo permita, volviendo las cosas al estado que tenían al otorgarse y la determinación de si la conducta de la autoridad responsable actualiza o no una responsabilidad administrativa o penal por su desacato.

Incidente para la ejecución y cumplimiento de la suspensión.

Para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión, se observarán las disposiciones de los artículos 104, 105, párrafo primero, 107 y 111 de la ley de amparo. Las mismas disposiciones se observarán, en cuanto fueren aplicables, para la ejecución del auto en que se haya concedido al quejoso su libertad caucional conforme al artículo.

Incidente de reparación del daño.

Para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante la autoridad que conozca de ella un incidente, en los términos prevenidos por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Este incidente deberá promoverse dentro de los seis meses siguientes al día en  que se notifique a las partes la ejecutoria de amparo; en la inteligencia de que, de no presentarse la reclamación dentro de ese término, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante las autoridades del orden común.

Garantía y contragarantia

Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad que surge de las garantías y contragarantías que se otorgan en consecuencia de la suspensión, se realizará el tramite ante la autoridad que conozca de ella mediante un incidente, según lo establecido por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Es necesario que este incidente se promueva dentro de un pazo de seis meses siguientes al día en que se notifique a las partes de la ejecutoria de amparo; en caso de no presentarse la reclamación dentro de ese término, se procederá a la devolución o cancelación, de la garantía o contragarantía, sin evitar que pueda exigirse dicha responsabilidad ante las autoridades del orden común.

Cuando exista la posibilidad de que de la suspensión puedan afectarse los intereses de un tercero sera necesario otorgar una garantía. El articulo 125 señala que en los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que pudieran generarse en consecuencia de la medida cautelar en caso de que no se obtenga una sentencia favorable en el juicio de amparo.

Cuando el daño causado no pueda estimarse en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará a discreción el importe de la garantía.

La contragarantia es otorgada con finalidad de que se ejecute el acto, para este caso en particular no todos asuntos son susceptibles a contragarantía, existen casos en los cuales no es posible fijarla como en los casos donde se acaba la materia del acto.

El articulo 127 señala: No se admitirá la contrafianza cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el amparo...

Quien tenga intenciones de que se autorice una contragarantía tendra que pagar lo que pago el quejoso y además todos los gastos que se generen de la misma.

El articulo 126 señala que la suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación de garantías y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que a este ultimo se le conceda el amparo.

Para que la contragantia que ofrezca el tercero surta sus efectos, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado al quejoso. Este costo comprenderá:  Los gastos o primas pagados, conforme a la ley, a la empresa afianzadora legalmente autorizada que haya otorgado la garantía;

El importe de las estampillas causadas en certificados de libertad de gravámenes y de valor fiscal de la propiedad cuando hayan sido expresamente recabados para el caso, con los que un fiador particular haya justificado su solvencia, más la retribución dada al mismo, que no excederá, en ningún caso, del cincuenta por ciento de lo que cobraría una empresa de fianzas legalmente autorizada;
  • Los gastos legales de la escritura respectiva y su registro, así como los de la cancelación y su registro, cuando el quejoso hubiere otorgado garantía hipotecaria; 
  • Los gastos legales que acredite el quejoso haber hecho.
En materia penal cuando una persona solicite amparo porque ya se encuentra privado de su libertad o porque existe en su contra una orden de aprehensión, se solicitara la suspensión y sera el juez quien fije la garantía.

Para que la suspensión sea procedente contra actos que deriven de un procedimiento penal, en el que vulnere la libertad personal, el juez que conoce del amparo deberá exigir al quejoso que otorgue garantía, sin que esta afecte las medidas de aseguramiento que estime convenientes para fijar la garantía el juez deberá considerar lo siguiente:
El juez de amparo fijará el monto de la garantía, tomando en cuenta los elementos siguientes:
  • I. La naturaleza, modalidades y características del delito que se impute al quejoso;
  • II. La situación económica del quejoso, y
  • III. La posibilidad de que el quejoso se sustraiga a la acción de la justicia.

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