Validez y eficacia

Kelsen señala que las normas jurídicas serán consideradas válidas cuando estas "existen" y por lo tanto, son vigentes, por que antes de su existencia deberán cumplir con los requisitos establecidos para su vigencia como son la publicación y la promulgación. 

Nos dice que serán consideradas válidas aquellas normas que son obedecidas y aplicadas y que fueron creadas mediante procedimientos establecido previamente en las normas jurídicas, por lo tanto, una norma de jerarquía inferior es válida siempre y cuando la norma superior sea valida, a partir de esta idea se deduce la existencia de otro término fundamental que concierne a la valides de las normas, el cual es la efectividad de la norma jurídica la cual describe como la consumación de la condición al hecho.

Analizando el contenido de los textos de Kelsen, se puede relacionar la actividad jurisdiccional a la validez de la normas jurídicas, pues serán aplicables únicamente las normas que cumplen los requisitos en los ámbitos espacial, temporal y personal, normas que tengan aplicabilidad y vigencia.

Se presentan determinadas circunstancias que confieren legitimidad a las disposiciones jurídicas, y se identifican como factores determinantes la eficacia y la efectividad. La legitimidad implica que la norma debe ser acatada y aplicada, al tiempo que la eficacia denota que la norma es efectivamente acatada y puesta en práctica.

Se establece que una norma jurídica se considera válida cuando cumple con los siguientes requisitos:
  • Su creación está vinculada a un procedimiento formal ejecutado por una entidad competente.
  • No ha sido revocada por una norma emanada posteriormente.
  • No entra en contradicción con disposiciones de superior jerarquía.
Según la perspectiva de Kelsen, la validez de las normas jurídicas está condicionada a su "existencia", lo que implica su actualidad y aplicabilidad, ya que, antes de su existencia, deben satisfacer las condiciones estipuladas para su entrada en vigor, que incluyen la divulgación y la promulgación.

El autor señala que se considerarán válidas aquellas normas que sean respetadas y aplicadas y que hayan sido generadas mediante procedimientos preestablecidos en las disposiciones legales. En este sentido, una norma de menor rango jerárquico se considera válida únicamente si la norma de nivel superior también lo es. A partir de esta noción, se deriva otro término fundamental relacionado con la legitimidad de las normas, que es la efectividad de la norma jurídica, la cual define como la realización de la condición prevista en la norma.

Al analizar el contenido de los textos de Kelsen, es posible establecer una conexión entre la función jurisdiccional y la validez de las normas jurídicas, ya que solo se aplicarán aquellas normas que cumplan con los requisitos en términos de ámbito geográfico, temporal y personal, es decir, aquellas normas que sean susceptibles de aplicación y estén actualmente vigentes.

A partir de las indagaciones en los escritos de Kelsen, se puede vincular la labor jurisdiccional con la legitimidad de las normas jurídicas, ya que únicamente se aplicarán normas que satisfagan los requisitos en términos de ámbito geográfico, temporal y personal; es decir, normas que sean factibles de implementar y que se encuentren actualmente en vigor.

Kelsen detalla los requisitos necesarios que confieren legitimidad a las normas legales. Inicialmente, advierte sobre la posibilidad de conductas que contradigan la norma y presenta como factores determinantes la eficacia y la efectividad. La legitimidad denota que la ley debe ser acatada y aplicada, mientras que la eficacia connota que la ley efectivamente se respeta y aplica.

La eficacia de la norma se manifiesta mediante su aceptación y observancia por parte de la sociedad. Esta eficacia se erige como un requisito indispensable para la validez de la norma. Sin eficacia, el sistema jurídico no puede subsistir.

Desde una perspectiva sociológica, la eficacia se define como el grado de adhesión de las normas por parte de sus destinatarios. En el contexto de la teoría jurídica, el término "eficacia" se refiere principalmente a este concepto, al nivel de cumplimiento o respeto por parte de aquellos que ejecutan la conducta establecida. La garantía de la eficacia se logra a través de la observancia de procedimientos formales en el proceso de creación, así como mediante la adherencia a los principios legales técnicos que rigen en un sistema jurídico específico. No basta con que las normas estén formuladas con precisión; también es necesario establecer los medios e instituciones necesarios para su aplicación.

En consideración de lo expuesto, la eficacia se puede contemplar como una condición ineludible para la existencia de la norma. La exigencia de eficacia jurídica debe reflejarse tanto en el plano material como en el social. Es crucial que haya una correspondencia entre la norma y la realidad para que refleje la situación existente o la que se aspira a crear. De esta manera, no solo se manifiesta la funcionalidad del sistema legal, sino también su legitimidad.
 
Desde una perspectiva sociológica, la eficacia se define como el nivel de acatamiento que los destinatarios demuestran hacia las normas. Sin embargo, en el contexto de la teoría jurídica, cuando se alude a la eficacia, se hace referencia específicamente a esta interpretación, que implica el grado de cumplimiento o respeto por parte de aquellos que ejecutan la conducta prescrita. La garantía de la eficacia se establece mediante el cumplimiento de ciertos requisitos formales durante el proceso de creación, así como a través de la observancia de principios técnicos jurídicos que prevalecen en un sistema legal particular. No es suficiente que las normas estén formuladas de manera precisa; además, deben ser acompañadas por la creación de los recursos y las instituciones necesarios para su implementación.

Basándonos en lo expuesto, la eficacia se considera un elemento esencial para la existencia completa de una norma. La demanda de eficacia legal debe reflejarse tanto en el ámbito material como en el social, lo que implica que debe existir coherencia entre la norma y la realidad. Esto no solo revela la funcionalidad del sistema jurídico, sino también su autenticidad y legitimidad.