Medios de control constituciónal

Los medios de control constitucional son los mecanismos que existen en un sistema jurídico para asegurar la supremacía de la Constitución y garantizar su cumplimiento. Estos medios permiten revisar y controlar la constitucionalidad de las leyes, actos y acciones de los poderes públicos.

El control constitucional puede ser descrito como los mecanismos que aseguran las restricciones aplicadas al ejercicio del poder y garantizan la preservación de la libertad y los derechos fundamentales de las personas. Este sistema de control actúa como una herramienta de supervisión que establece un orden claro en cuanto al cumplimiento de las normas de un marco jurídico.

En México, se pueden identificar tanto medios de control constitucional coactivos como no coactivos. Entre los medios de control constitucional coactivos se encuentra la controversia constitucional, que permite a los órganos jurisdiccionales resolver conflictos de constitucionalidad entre los diferentes poderes y niveles de gobierno. Este medio de control tiene la capacidad de anular o modificar actos o normas que sean contrarios a la Constitución.

Por otro lado, los medios de control constitucional no coactivos se relacionan con la protección de los derechos humanos. En México, esto se lleva a cabo a través del juicio de amparo, que permite a las personas proteger sus derechos fundamentales y obtener la invalidez o corrección de actos que los violen. Aunque el amparo no tiene un carácter sancionador directo, puede conducir a la anulación de actos o normas que sean contrarios a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

Es importante destacar que, aunque los medios de control constitucional no coactivos como el amparo no imponen sanciones directas, su finalidad es corregir y restablecer la legalidad y la protección de los derechos fundamentales. De esta manera, se busca garantizar el respeto a la Constitución y el cumplimiento de las normas que salvaguardan los derechos humanos.

En el caso de México los medios de control constitucional que tienen su fundamento en la Constitución Política, son lo siguientes:

• El Juicio de Amparo. 
• Las Controversias Constitucionales. 
• Las Acciones de Inconstitucionalidad. 
• La facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
• Los procesos jurisdiccionales en material electoral (juicio de 
• derechos políticos electorales y acción de inconstitucionalidad en materia electoral.) 
• La protección de los derechos humanos. 
• El juicio político. 

El juicio de amparo, las controversias constitucionales y la acciones de inconstitucionalidad son del conocimiento de la Suprema corte de Justicia de la nación.

Efectos del Parentesco

El parentesco, que es la relación de consanguinidad o afinidad que existe entre las personas por razón de su origen familiar, tiene varios efectos legales y sociales. A continuación, se mencionan algunos de los efectos más relevantes del parentesco:

• Derechos y obligaciones familiares: El parentesco crea una serie de derechos y obligaciones entre los miembros de la familia. Por ejemplo, los padres tienen el deber de cuidar, proteger y educar a sus hijos, y los hijos tienen el derecho a ser mantenidos y recibir apoyo de sus padres. Asimismo, existen derechos y obligaciones entre los cónyuges, como el deber de fidelidad y apoyo mutuo.
• Herencia y sucesiones: El parentesco juega un papel fundamental en el ámbito de la herencia y las sucesiones. Las leyes de sucesión suelen establecer un orden de prelación para la distribución de los bienes de una persona fallecida, dando prioridad a los parientes más cercanos. Los familiares directos, como cónyuges, hijos, padres y hermanos, suelen tener derechos hereditarios preferentes.
• Responsabilidad civil: El parentesco puede generar responsabilidad civil en casos de daños causados por un miembro de la familia. Por ejemplo, los padres pueden ser considerados responsables por los actos de sus hijos menores de edad, y los cónyuges pueden tener responsabilidad solidaria por ciertas obligaciones económicas contraídas por su pareja durante el matrimonio.
• Adopción: El parentesco también se ve afectado por el proceso de adopción. La adopción establece un vínculo legal de parentesco entre el adoptante y el adoptado, otorgando derechos y obligaciones similares a los del parentesco consanguíneo. Esto puede incluir derechos hereditarios, obligaciones de cuidado y apoyo, y otros aspectos de la relación familiar.
• Beneficios y protecciones legales: El parentesco puede otorgar beneficios y protecciones legales a los miembros de la familia. Por ejemplo, muchas leyes y políticas brindan beneficios a los cónyuges, como derechos de seguro médico, pensión de viudez y derecho a tomar decisiones médicas en nombre del cónyuge. También existen leyes de protección a la infancia y a la familia que buscan garantizar el bienestar de los menores y otros miembros vulnerables.

La relación de parentesco produce diversos efectos, que la doctrina jurídica divide en tres grupos:

• Derechos.
• Obligaciones. 
• Incapacidades.

Derechos que derivan del Parentesco.- Los principales derechos que derivan del parentesco son: La pensión alimenticia, La patria potestad y la herencia.

• Obligaciones que nacen del Parentesco.- La a pensión alimenticia, en su aspecto pasivo; el respeto y la consideración que los descendientes deben a sus ascendientes, y la tutela legítima.
• La Obligación Alimenticia .- Entre las obligaciones derivadas del parentesco figura, de modo preeminente, la obligación alimenticia, que es recíproca. En virtud de esta obligación, el deudor debe procurar al acreedor todos los medios necesarios para que éste no carezca de alimentos, habitación, medicinas, educación es decir, lo necesario para vivir decorosamente.  
• Incapacidades que derivan del parentesco. La incapacidad para contraer matrimonio entre parientes cercanos; la prohibición que impone la ley, en determinados casos, para servir como testigos, en juicio, a un pariente, y la incapacidad para ocupar determinados cargos de la administración pública, cuando un aspirante a dichos cargos ya ocupa otros dentro de la propia administración.

 

Positivismo metodológico o conceptual

El positivismo metodológico o conceptual señala que el concepto del derecho no se caracteriza según propiedades valorativas, sino que para entrañar en su esencia es necesario acudir únicamente a propiedades descriptivas. Descarta los juicios de valor en la aplicación del derecho y son verificables en relación a ciertos hechos observables empíricamente.

Según el positivismo conceptual, la validez de una norma jurídica no depende de consideraciones éticas o morales, sino de su conformidad con el sistema legal establecido. Los positivistas conceptuales argumentan que los jueces y juristas deben limitarse a aplicar y analizar las normas vigentes tal como están escritas, sin tener en cuenta consideraciones subjetivas o personales.
 

Esta corriente suele definir el derecho como un sistema normativo que presenta características fácticas especificas, sin tomar en cuenta propiedades de naturaleza valorativa. Sostiene que el derecho no es derecho hasta que no se manifiesta a través de leyes.

Los positivistas metodológicos sostienen que las teorías científicas deben estar formuladas en términos de afirmaciones observacionales, es decir, afirmaciones que puedan ser verificadas directamente por la experiencia. Además, se busca evitar cualquier tipo de afirmación metafísica o especulación filosófica que no pueda ser sometida a verificación empírica.

El positivismo metodológico o conceptual, en lo referente al concepto de derecho, se distingue del positivismo ideológico en que no se opone a la existencia de principios morales y de justicia universalmente validos y racionalmente justificables.

Esta corriente se opone a la segunda tesis del iusnaturalismo, la cual declara que la identificación de una regla del tipo normativo presupone juicios valorativos acerca de la adecuación de ese orden a ciertos principios morales o de justicia.  Los positivistas conceptuales argumentan que los jueces y juristas deben limitarse a aplicar y analizar las normas vigentes tal como están escritas, sin tener en cuenta consideraciones subjetivas o personales.

El positivismo metodológico o conceptual no se opone de forma de directa a la primera tesis del iusnaturalismo, que sostiene que hay principios morales y de justicia universalmente válidos y justificables racionalmente. Este tipo de positivismo no se justifica mediante una tesis de filosofía ética y no implica la adhesión a una posición escéptica respecto de la justificación de los juicios de valor.

Responsabilidad objetiva o riesgo creado

La responsabilidad objetiva o riesgo creado puede ser considerada una fuente de obligaciones en el ámbito del derecho civil. Aunque en muchas jurisdicciones la responsabilidad civil se basa principalmente en la culpa o negligencia, la responsabilidad objetiva o riesgo creado se aparta de este principio al establecer que una persona puede ser responsable por los daños causados sin necesidad de demostrar su culpa o negligencia.

Bajo esta teoría, la mera creación o mantenimiento de una situación de riesgo o peligro genera una obligación para la persona responsable de tomar medidas adecuadas para prevenir o mitigar los daños que puedan surgir como resultado de dicha situación. En otras palabras, el mero hecho de crear o mantener una condición peligrosa establece una obligación de responsabilidad hacia aquellos que puedan resultar perjudicados.

Esta fuente de obligaciones se basa en el principio de que aquellos que crean o mantienen situaciones de riesgo deben asumir las consecuencias de los daños que puedan derivarse de esas situaciones, independientemente de si actuaron con culpa o negligencia. Es una forma de asignar la responsabilidad hacia aquellos que tienen el control sobre una actividad o situación que pueda generar riesgos o peligros.

Elementos de la responsabilidad objetiva.
Los elementos que podemos precisar en esta nueva fuente, producto principalmente del maquinismo y de la industria moderna, son los siguientes:

• Existencia de un hecho dañoso: Se debe demostrar que ha ocurrido un hecho o acto que ha causado un daño o perjuicio a otra persona. El daño puede ser de naturaleza material o moral.
• Relación causal: Debe existir una relación directa de causalidad entre el hecho dañoso y el perjuicio sufrido por la persona afectada. Es decir, el daño debe ser consecuencia directa del acto o hecho en cuestión.
• Riesgo creado o actividad peligrosa: Se requiere que la persona demandada haya creado o mantenido una situación de riesgo o una actividad peligrosa que haya dado lugar al daño. Esta actividad debe tener un grado de peligrosidad especial o generar un riesgo que exceda lo considerado normal en la sociedad.
• Ausencia de culpa o negligencia: A diferencia de la responsabilidad subjetiva basada en la culpa, en la responsabilidad objetiva no es necesario demostrar que la persona demandada haya actuado con culpa o negligencia. Basta con que se acredite la existencia del riesgo creado y su relación causal con el daño.

Tomando en cuenta que exclusivamente se parte de esta relación causal entre el hecho, o sea, el uso de cosas peligrosas, y el daño producido, se le ha llamado teoría de la responsabilidad objetiva, para distinguirla de la responsabilidad subjetiva, en la cual se parte de un elemento estrictamente personal, o sea, la negligencia, la culpa o dolo.

En la teoría del riesgo creado se exige para que nazca la responsabilidad:

• El uso de una cosa peligrosa o el ejercicio de actividades reputadas por la ley como peligrosas. 
• La realización de un daño.
• Una relación de causa a efecto entre la cosa o actividad peligrosas y el daño causado. No se toma en cuenta en esta teoría el elemento subjetivo de la culpa imputable al agente”. 

Por otra parte, hay cosas que por su naturaleza inflamable o explosiva son de muy peligroso manejo y aunque se proceda cuidadosa y diligentemente, pueden producir efectos dañosos no sólo para el que los usa, sino también para los demás, creando así un riesgo para todos.

La Confiscación

En el derecho administrativo, la confiscación se refiere a la privación de bienes o derechos de una persona por parte de la autoridad administrativa como consecuencia de la comisión de una falta o infracción establecida en la ley.

La confiscación es una medida sancionadora que puede ser aplicada en el ámbito administrativo cuando se ha incurrido en conductas ilícitas o contrarias a la normativa vigente. Generalmente, se lleva a cabo mediante un procedimiento administrativo en el cual se garantiza el derecho a la defensa y se siguen los principios del debido proceso.

La confiscación implica que la autoridad administrativa, en virtud de sus facultades y competencias legales, puede privar a una persona de la propiedad de bienes o derechos que han sido utilizados o adquiridos de manera ilegal o contraviniendo la normativa aplicable. Esta medida tiene como finalidad desincentivar la comisión de conductas ilícitas y garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales.

Requisitos o condiciones para que se produzca: 

• Que el desapoderamiento de los bienes obedezca a causas de carácter personal con relación al propietario.
• Que se invoqué como causa del apoderamiento de los bienes, faltas cometidas por el propietario.
• Que los bienes no aparezcan calificados por la ley como de utilidad pública ni interés general.
• Que se ejecute como medida de castigo o represión al propietario.
• La confiscación debe estar prevista y autorizada por la ley. Debe existir una norma legal específica que establezca las circunstancias en las cuales se puede aplicar la confiscación, así como los procedimientos y los límites para su aplicación.
• La confiscación se produce como consecuencia de la comisión de una falta o infracción establecida en la ley. Debe haber una conducta ilícita o contraria a la normativa aplicable que justifique la aplicación de la medida de confiscación.
• La confiscación se lleva a cabo mediante un procedimiento administrativo en el cual se garantiza el derecho a la defensa y se siguen los principios del debido proceso. Esto implica notificar al presunto infractor, darle la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas, y emitir una resolución fundada y motivada.
• La confiscación debe ser una medida proporcional y razonable en relación con la infracción cometida. La sanción debe estar justificada por la gravedad de la falta y ser proporcionada al daño causado o al beneficio obtenido de manera ilícita.
• Durante el procedimiento de confiscación, se deben respetar los derechos fundamentales de la persona afectada, como el derecho a la defensa, el derecho a la propiedad y el derecho al debido proceso. La autoridad administrativa debe garantizar que se cumplan estos derechos en todo momento.

Características:

• De orden público, atribución del Estado. La confiscación es una medida de orden público y es una facultad que corresponde al Estado. El Estado tiene la atribución legal de imponer la confiscación en determinadas circunstancias establecidas por la ley.
• Carece de indemnización. En algunos casos. la confiscación puede no estar acompañada de una indemnización para el propietario de los bienes o derechos confiscados. Esto significa que el propietario puede perder sus bienes sin recibir una compensación económica por ello. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en muchos sistemas legales, incluyendo el derecho administrativo mexicano, se protege el derecho a la propiedad y se requiere una justa indemnización en caso de expropiación o confiscación
• Se impone por infracción a la ley. La confiscación se impone como consecuencia de una infracción a la ley. Generalmente, está relacionada con la comisión de un delito o una falta establecida en la normativa aplicable.
• Es de orden penal. La confiscación puede tener un carácter penal cuando está asociada a la comisión de delitos. En estos casos, se impone como una sanción penal adicional al infractor.
• Se da en regímenes de facto. La confiscación puede ser más común o frecuente en regímenes políticos o situaciones de facto, donde el gobierno o la autoridad ejercen un control más autoritario y pueden utilizar esta medida como un instrumento político.
• Es un arma política que afecta a la persona y a los bienes de ésta. La confiscación puede tener un impacto político, ya que puede ser utilizada como un arma para perseguir o castigar a personas o grupos específicos.
• Los bienes son destinados a obras públicas. En algunos casos, los bienes confiscados pueden ser destinados a obras o proyectos de interés público, como la construcción de infraestructuras o la realización de programas sociales.

Suspensión de las Relaciones Laborales

La suspensión de las relaciones laborales se refiere a una interrupción temporal de la relación laboral entre el empleador y el trabajador, en la cual se suspenden las obligaciones y derechos laborales de ambas partes por un período determinado. Durante la suspensión, el trabajador no presta sus servicios y el empleador no tiene la obligación de pagar su salario.

Existen diferentes circunstancias en las cuales puede producirse la suspensión de las relaciones laborales, y estas pueden variar según la legislación laboral de cada país. Algunos ejemplos comunes de situaciones que pueden dar lugar a la suspensión de las relaciones laborales son:

• Suspensión por mutuo acuerdo: En algunos casos, el empleador y el trabajador pueden acordar suspender temporalmente la relación laboral de común acuerdo. Esto puede deberse a situaciones como la falta de trabajo, dificultades económicas de la empresa o necesidades personales del trabajador.
• Suspensión por causas económicas: Cuando la empresa atraviesa dificultades económicas, puede solicitar la suspensión temporal de los contratos de trabajo, amparándose en la legislación laboral y en los procedimientos establecidos. Esto puede incluir situaciones como la reducción de la jornada laboral o la suspensión total de los contratos por un período determinado.
• Suspensión por fuerza mayor o causas imprevistas: En situaciones excepcionales, como desastres naturales, emergencias sanitarias o situaciones de guerra, se puede producir la suspensión de las relaciones laborales por razones de fuerza mayor. En estos casos, la legislación laboral puede establecer medidas especiales para la protección de los trabajadores y la gestión de las consecuencias.

Es importante tener en cuenta que durante la suspensión de las relaciones laborales, el trabajador puede tener derecho a recibir una compensación económica o a acceder a beneficios sociales específicos, dependiendo de la legislación y los acuerdos establecidos.

Cabe destacar que la suspensión de las relaciones laborales es una medida temporal y no implica la terminación del contrato de trabajo. Una vez que finaliza la suspensión, se reanudan las obligaciones y derechos laborales de ambas partes según lo establecido en el contrato y la legislación aplicable.

Obligaciones y prohibiciones de los sindicatos

La ley impone un serie de obligaciones para aquellos sindicatos legalmente constituidos con la intención de que realicen su objetivo principal el cual es proteger y vigilar los intereses de los trabajadores frente a las empresas o patrones y servir como representantes colectivos ante las instituciones.

El articulo 377 de la Ley Federal del Trabajo obliga a los sindicatos a:

• Los sindicatos tienen la obligación de proporcionar toda aquella información vinculada a su funcionamiento, cuando así lo requieran las autoridades.
• Notificara también a las autoridades cuando existan cambios en la mesa directiva, anexando la documentación que lo acredite.
• Deberá llevar un control de sus miembros y expresamente se obliga a los sindicatos a informar cada tres meses de las altas y bajas de los nuevos miembros del sindicato.

Ademas de las obligaciones anteriores existen limitaciones que se hacen directamente a los sindicatos y que van dirigidas a contrarrestar los efectos negativos que pueda tener el poder de convocatoria de la institución sindical, como lo es la prohibición de participar en asuntos religiosos y el realizar actividades de comercio con animo de lucro, protegiendo a la vez el objetivo único y fundamental de la figura del sindicato que es proteger las relaciones laborales de los trabajadores.

 

También los sindicatos tienes prohibido:

• Discriminación: Los sindicatos están prohibidos de discriminar a los trabajadores en base a razones como raza, género, religión, origen étnico, orientación sexual u otras características protegidas por la ley.
• Coacción o intimidación: Los sindicatos no pueden utilizar la coacción, la intimidación o la violencia para perseguir sus objetivos. Deben respetar los derechos y libertades de las personas y actuar dentro del marco legal.
• Prácticas anticompetitivas: Los sindicatos no pueden participar en prácticas anticompetitivas, como acuerdos ilegales de fijación de precios o asignación de clientes, que puedan perjudicar la libre competencia en el mercado laboral.
• Interferencia indebida en las operaciones de las empresas: Los sindicatos no pueden interferir indebidamente en las operaciones normales de una empresa o entorpecer su funcionamiento legítimo. Deben respetar los límites establecidos por la ley. 

Bienes Tangibles

Los bienes tangibles, también conocidos como bienes materiales o bienes físicos, son aquellos que tienen una existencia física y pueden ser percibidos por los sentidos. Estos bienes son tangibles en el sentido de que se pueden tocar, ver o manipular. Son objetos concretos que tienen una forma física y ocupan un espacio en el mundo real.

Los bienes tangibles pueden clasificarse en varias categorías, entre las cuales se encuentran:

• Bienes muebles: Son aquellos bienes que pueden ser trasladados de un lugar a otro sin causar daño a otros bienes inmuebles con los que estén en contacto. Ejemplos de bienes muebles son los automóviles, los muebles, la ropa, los libros, etc.
• Bienes inmuebles: Son aquellos bienes que están fijados de manera permanente a un lugar y no pueden ser trasladados sin causar daño o alteración a su estructura. Ejemplos de bienes inmuebles son los terrenos, las casas, los edificios, los árboles arraigados en la tierra, etc.
• Bienes fungibles y no fungibles: Los bienes fungibles son aquellos que pueden ser reemplazados por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Por ejemplo, el dinero, los granos de arroz, el petróleo. Los bienes no fungibles, por otro lado, son únicos y no pueden ser reemplazados por otros idénticos. Ejemplos de bienes no fungibles son las obras de arte, los bienes históricos, los bienes culturales.
• Bienes consumibles y no consumibles: Los bienes consumibles son aquellos que se agotan o se consumen con el uso, como los alimentos, las bebidas, los combustibles. Los bienes no consumibles, en cambio, son aquellos que pueden utilizarse repetidamente sin agotarse, como una bicicleta, una computadora, etc.

Los bienes tangibles tienen una protección legal y pueden ser objeto de transacciones, posesión, propiedad, herencia, entre otros aspectos regulados por la legislación civil.

Son ejemplos de bienes tangibles:

• Automóviles: Incluye todos los vehículos motorizados diseñados para el transporte terrestre, como automóviles, camiones, motocicletas, etc.
• Inmuebles: Esto abarca propiedades y terrenos, como casas, apartamentos, edificios, fincas, terrenos baldíos, etc.
• Muebles: Se refiere a objetos que se utilizan en el hogar o en otros espacios, como mesas, sillas, camas, armarios, sofás, etc.
• Joyas: Incluye objetos valiosos hechos de metales y piedras preciosas, como anillos, pulseras, collares, relojes, etc.
• Electrónicos: Esto abarca dispositivos electrónicos de uso cotidiano, como teléfonos móviles, computadoras portátiles, televisores, tabletas, reproductores de música, etc.
• Ropa y accesorios: Incluye prendas de vestir, calzado, bolsos, cinturones, sombreros y otros accesorios de moda.
• Herramientas: Son objetos utilizados para realizar trabajos manuales, como martillos, destornilladores, sierras, taladros, etc.
• Alimentos: Incluye productos comestibles, como frutas, verduras, carne, pescado, productos lácteos, pan, etc.
• Libros: Esto abarca publicaciones impresas, como novelas, ensayos, manuales, libros de referencia, etc.
• Obras de arte: Se refiere a creaciones artísticas, como pinturas, esculturas, fotografías, grabados, etc.

El Pago

El pago, en el ámbito del derecho, se refiere al acto por el cual una persona cumple con su obligación de entregar una suma de dinero, un bien o prestar un servicio a otra persona, con el fin de extinguir una deuda o cumplir con una obligación contraída.

El pago es un elemento fundamental en las relaciones jurídicas y comerciales, ya que permite el cumplimiento de las obligaciones establecidas en un contrato, una ley o cualquier otro tipo de compromiso legal. A través del pago, se restablece el equilibrio entre las partes involucradas y se cumple con el principio de la buena fe contractual.

Naturaleza Jurídica. 

El pago es un acto jurídico por el cual una persona cumple con su obligación de entregar una suma de dinero, un bien o prestar un servicio a otra persona, con el propósito de extinguir una deuda o cumplir con una obligación contraída.

Desde el punto de vista jurídico, el pago es una manifestación de la voluntad del deudor para cumplir con su obligación y liberarse de la misma. Constituye una forma de ejecución de la obligación y tiene efectos legales en cuanto a la extinción de la deuda, generando la liberación del deudor y el cumplimiento de la obligación por parte del acreedor.

Principios

• Principio de identidad: El principio de identidad, también conocido como principio de la unidad, establece que el objeto de la obligación debe ser entregado o realizado de manera exacta, sin cambios ni sustituciones. Según este principio, el deudor debe cumplir con su obligación de manera fiel y precisa, sin alterar el objeto pactado en el contrato o la obligación establecida.
• Principio de indivisibilidad: Establece que cuando una obligación no puede cumplirse en forma parcial, sino que debe realizarse de manera completa y en su totalidad. Esto implica que no se puede fraccionar o dividir el cumplimiento de la obligación si no está expresamente permitido por la ley o por el contrato.Por ejemplo, si se pacta la venta de una propiedad inmueble, el principio de indivisibilidad implica que el comprador debe pagar el precio total acordado, no puede realizar pagos parciales y exigir la entrega parcial de la propiedad. La obligación de pagar el precio y la obligación de entregar la propiedad son indivisibles, es decir, deben cumplirse de forma completa y simultánea.
• Principio de integridad: Implica que el pago debe realizarse de manera completa y sin discrepancias, de acuerdo con los términos y condiciones acordados en el contrato. Esto significa que el deudor está obligado a cumplir con su obligación de pago de manera íntegra, sin omitir o alterar ningún aspecto establecido en el acuerdo.

Sujetos que intervienen en el pago
 

 En el proceso de pago, generalmente intervienen dos sujetos principales: el deudor y el acreedor. Estos sujetos desempeñan roles distintos y tienen derechos y obligaciones específicos en relación con el pago. Veamos una breve descripción de cada uno:

• Deudor: Es la persona o entidad que tiene la obligación de realizar el pago. El deudor es aquel que está obligado a entregar una suma de dinero, un bien o prestar un servicio al acreedor. Es responsable de cumplir con su obligación en los términos y condiciones acordados, dentro del plazo estipulado y de la forma adecuada. El deudor puede ser tanto una persona física como una persona jurídica (empresa u organización).
• Acreedor: Es la persona o entidad a la cual se debe realizar el pago. El acreedor es aquel que tiene el derecho de recibir la suma de dinero, el bien o el servicio del deudor. Es el beneficiario del pago y tiene la facultad de exigir el cumplimiento de la obligación. Puede ser tanto una persona física como una persona jurídica.

Efectos del pago

El pago produce una serie de efectos legales tanto para el deudor como para el acreedor y puede tener repercusiones en la relación jurídica entre ambas partes. A continuación, se describen algunos de los efectos más relevantes del pago:

• Extinción de la obligación: El efecto principal del pago es la extinción de la obligación. Una vez que el deudor cumple con su obligación de pagar, la deuda queda satisfecha y se libera de la obligación. El acreedor no puede exigir un nuevo pago por la misma obligación.
• Liberación del deudor: El pago libera al deudor de la carga de la obligación. Una vez realizado el pago, el deudor queda liberado de cualquier responsabilidad relacionada con la deuda y no puede ser demandado o perseguido legalmente por el acreedor.
• Adquisición de la titularidad: A través del pago, el acreedor adquiere la titularidad del dinero, bien o servicio que ha recibido. Esto implica que el acreedor se convierte en propietario legítimo de lo que ha sido pagado y puede disponer de ello según su voluntad.
• Cumplimiento de la obligación: El pago cumple con la obligación establecida en el contrato o en la relación jurídica. El acreedor tiene derecho a recibir el pago acordado y, una vez realizado, se considera que la obligación ha sido cumplida por parte del deudor.
• Interrupción de intereses y mora: El pago oportuno puede interrumpir el devengo de intereses o la mora (retraso en el cumplimiento de la obligación) que haya sido generada. Una vez que el pago se realiza, se detiene la acumulación de intereses y se elimina la situación de morosidad.

Antecedentes Historicos del Derecho Fiscal

Durante las etapas más primitivas de la humanidad, las jerarquías sociales eran determinadas por el más fuerte, esto con el pasar del tiempo género que existirán tributos que de manera de ofrendas estaban dirigidos a satisfacer al individuo o individuos cuyo poder se imponía ante la voluntad de los demás. Los primeros antecedentes de la existencia de una relación tributaria la encontramos en la cultura egipcia quienes ya contaban con un sistema de recaudación sistematizado, también encontramos situaciones similares en civilizaciones antiguas como la de los aztecas.

 

Aztecas

Los antecedentes históricos del derecho fiscal en México se remontan a la época prehispánica, donde existían tributos y sistemas de recaudación por parte de las civilizaciones indígenas. Sin embargo, en este contexto, el concepto moderno de derecho fiscal aún no estaba desarrollado.

El antecedente más antiguo del pago de tributos en México es el establecido en los códices aztecas, el cual obligaba a sus súbditos a otorgar ofrendas al rey cambio de beneficios para su comunidad. Durante esta etapa se crean los "tequiámatl" que hacían la función de mantener un registro de los tributos. Debido a la importancia que toma la tributación para el imperio azteca nombraron a los "Calpixquis", quienes fueron los primeros encargados de recaudar los tributos.

 

Etapa Colonial

Durante la época colonial, México fue una colonia del Imperio Español, y las prácticas fiscales estaban ligadas a las políticas y regulaciones impuestas por la corona española. En esta etapa, se establecieron impuestos sobre la minería, el comercio y la propiedad, y se crearon organismos encargados de la recaudación fiscal, como la Real Hacienda.

No conforme con los tributos establecidos en los códices aztecas, cambia la forma de recaudación y la naturaleza de los tributos cambiando las flores y animales por joyas y alimentos, también se establecen tributos que deberán ser pagados con trabajo físico, como el fue el realizar actividades de agricultura y minería. La explotación de minerales fue la principal fuente de enriquecimiento para la colonia española por lo que prestaron especial atención para el régimen fiscal que aplicaría para este tipo de actividad.

 

Independencia

La independencia de México en 1821 marcó un cambio significativo en el sistema fiscal del país. A partir de entonces, se buscó establecer una estructura fiscal propia y adecuada a las necesidades de la nación. Durante el siglo XIX, se promulgaron diversas leyes fiscales que establecieron impuestos sobre el comercio, la propiedad y la producción, con el objetivo de financiar las necesidades del gobierno y promover el desarrollo económico.

Con la lucha para lograr la independencia de México en 1810, Hidalgo, Morelos y los demás personajes históricos lograron abolir la esclavitud y se establecieron en contra del impuesto del 10 por ciento directo que afectaba a todo lo que se vendía, también se manifestaron en contra de impuestos directos al uso de caminos y puentes, además en el México independiente se establecieron aranceles para el Gobierno dirigidos a las Aduanas Marítimas y se modifica el pago de derechos sobre vino y aguardiente y se sanciona la libertad para extraer capitales al extranjero.

 

Antonio Lopez de Santa Anna

Durante el período en que Santa Anna regresa a gobernar México, en una manifestación arbitraria de poder, se establecieron impuestos absurdos que iban dirigidos a cosas tan inverosímiles como puertas, ventanas y perros. El pueblo con el constante descontento derivado de los abusos, se manifiesta en contra de la tiranía y los excesos dé las imposiciones de Santa Anna, consiente del estallido social inminente Santa Anna intentaría transformar su gobierno fracasando rotundamente por lo que abandona el país 1855.

 

Benito Juarez

Durante la etapa de la presidencia de Benito Juarez el principal cambio en materia de impuestos fue la creación de un catastro de la República, se estableció el principio de la posibilidad de división de las hipotecas se creo la Lotería Nacional la Contribución Federal.

 

Etapa del Porfiriato

Durante esta etapa las finanzas del Estado mexicano se vieron afectadas por los malos manejos por parte de la administración pública, entre los cambios que encontramos durante el gobierno Porfirió Diaz fue que se duplicó el impuesto del timbre, ademas de gravaron con impuestos más de cien artículos entre ellos las medicinas y documentos oficiales, otra de las cuestiones relevantes para la materia Hacendaría fue el cobro de impuestos por adelantado, con la intención de equilibrar la finanzas públicas sin embargo la deuda externa creció mucho durante este período. La situación generada por la ineficacia en el manejo de las finanzas publicas, dio pie ala necesidad de tener un sistema de tributación controlado y equilibrado, fue hasta la llegada del Ministro de Hacienda José Yves Limantour, en 1893, que se logra nivelar la Hacienda Pública, a partir de este momento existe una vigilancia activa sobre empleados y contribuyentes.

 

Etapa de la revolución

La caída de la dictadura de Porfirió Díaz, tuvo como consecuencia directa que se generará un desorden social y político que afectó directamente la tributación en el Estado Mexicano, los mexicanos dejaron de pagar impuestos pues se procuraban más por las cuestiones bélicas por lo que a pesar de que se siguieron usando los mismos mecanismos de recaudación, gran parte del dinero era destinado a comprar armas y suministros para el ejército. Una vez terminada la guerra existía la necesidad de reorganizar la estructura Hacendaría del Estado Mexicano por lo que se optó por contratar especialistas extranjeros que tenía como objetivo analizar y establecer un plan tributario que ayudara al estado a solventar sus deudas y desarrollo. El documento, que surge a partir de la investigación del doctor Henry Alfred D. Chandley, Miembro de la Comisión de Reorganización Administrativa y Financiera del Gobierno Federal Mexicano titulado  "Investigación Preliminar del Problema Hacendario Mexicano con Proposiciones para la Reestructuración del Sistema", se considera fundamental para la creación de las bases que darían vida a las reformas y acciones que fomentaron la actividad tributaria, que era absolutamente necesaria en aquel momento. 

 

En la etapa post revolución entre 1917 y 1935 se crearon nuevos impuestos como al servicio por uso de ferrocarriles, impuestos especiales sobre exportación de petróleo y consumo de luz; impuesto especial sobre teléfonos, timbres, botellas cerradas, avisos y anuncios. Ademas se incrementó el impuesto sobre la renta y el de consumo de gasolina pero esta vez las medidas contempladas se tradujeron en beneficios sociales como la implantación del servicio civil, retiro por edad avanzada con pensión y otros servicios sociales.

 

Uno de los momentos más importantes en la historia del derecho fiscal mexicano fue la promulgación de la Constitución de 1917. Esta carta magna introdujo el principio de igualdad fiscal, estableciendo que todos los ciudadanos debían contribuir de manera proporcional a sus capacidades económicas. También se incluyeron disposiciones específicas sobre la tributación, como la prohibición de los impuestos sobre la exportación y la limitación de los impuestos directos sobre la propiedad.

 

Etapa Moderna

A lo largo del siglo XX, el derecho fiscal en México ha experimentado numerosas reformas y cambios para adaptarse a las transformaciones económicas y políticas del país. Se han promulgado leyes fiscales y se han creado instituciones como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para regular la recaudación de impuestos y combatir la evasión fiscal.

Actualmente el sistema Hacendarío en México permite fomentar el desarrollo del país, y utilizar las contribuciones para el desarrollo de obras y proyectos que beneficien colectivamente y se obtener una distribución de la riqueza más justa y coherente, es erróneo contemplar las contribuciones como una carga, pues es de esta obligación de donde el Estado obtiene recursos para funcionar de manera correcta y funcional, y así realizar su objetivo principal que es el bienestar y satisfacción del pueblo. Pasaron muchos años para que nuestro sistema encontrara el equilibrio y control necesario para que los tributos cumplieran su fin, en la actualidad todas las leyes fiscales emanan de la constitución y jamas podrán ser contrarias a lo establecido en este documento, por lo que si un impuesto transgrede cualquier garantía otorgada por la carta magna podrá ser declarado inconstitucional y no podrá surtir efectos.

Registro civil

El Registro Civil es una institución fundamental en el derecho que tiene como objetivo principal llevar el registro y la certificación de los actos y hechos relacionados con el estado civil de las personas. A continuación, se detallan los aspectos relevantes del Registro Civil en el derecho:

Naturaleza jurídica:

 El Registro Civil es una institución de carácter público y oficial, encargada de la inscripción, conservación y certificación de los actos y hechos relativos al estado civil de las personas. Su funcionamiento está regulado por la legislación civil y familiar correspondiente.

Funciones y atribuciones: El Registro Civil tiene varias funciones y atribuciones, entre las cuales se encuentran: registrar los nacimientos, matrimonios, divorcios, adopciones y defunciones; expedir actas de nacimiento, matrimonio y defunción; realizar modificaciones al registro civil, como cambios de nombre o rectificaciones de actas; y llevar un archivo centralizado de los registros civiles de todo el país.

Principio de publicidad:

El Registro Civil se rige por el principio de publicidad, lo cual implica que los actos y hechos registrados son de conocimiento público y accesibles a cualquier persona que tenga un interés legítimo. Esto garantiza la transparencia y la seguridad jurídica en las relaciones personales y familiares.

Autoridades encargadas: 

En México, el Registro Civil es responsabilidad de los gobiernos estatales y del Distrito Federal. Cada estado y el Distrito Federal tienen sus propias leyes y reglamentos que regulan el funcionamiento del Registro Civil, aunque existen lineamientos generales establecidos a nivel federal.

Obligatoriedad de la inscripción: 

La inscripción de los actos y hechos civiles en el Registro Civil es obligatoria y tiene efectos legales. Por ejemplo, el registro de un matrimonio crea la unión legal entre los cónyuges, el registro de un nacimiento otorga la identidad legal al recién nacido, y el registro de una defunción da fe del fallecimiento de una persona.

Protección de datos personales:

A pesar de la publicidad de los registros civiles, se deben tomar medidas para proteger los datos personales de los individuos. Las leyes de protección de datos personales establecen salvaguardias para garantizar la confidencialidad y seguridad de la información registrada.

Circulares

En el ámbito del derecho fiscal, las circulares son disposiciones emitidas por la autoridad fiscal competente, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) o el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el fin de proporcionar interpretaciones, aclaraciones o instrucciones sobre la aplicación de las leyes y reglamentos fiscales.

Estas circulares tienen la finalidad de orientar a los contribuyentes, así como a los funcionarios encargados de la administración y aplicación de las disposiciones fiscales, en la correcta interpretación y cumplimiento de las normas tributarias.

Las circulares fiscales pueden abordar diversos temas relacionados con la fiscalidad, como aspectos contables, procedimientos administrativos, criterios de interpretación de la ley, actualización de obligaciones fiscales, cambios en las políticas fiscales, entre otros.

Si bien las circulares fiscales no tienen fuerza de ley y no pueden modificar ni crear disposiciones legales, su emisión tiene un impacto práctico importante en la aplicación de las normas tributarias. Esto se debe a que las circulares proporcionan orientación y criterios interpretativos que los contribuyentes y las autoridades fiscales toman en consideración al momento de cumplir con sus obligaciones fiscales.

Es importante tener en cuenta que las circulares fiscales deben estar fundamentadas en las leyes y reglamentos fiscales existentes. Además, su aplicación no es obligatoria para los contribuyentes, quienes pueden presentar argumentos y controversias en caso de no estar de acuerdo con la interpretación o instrucciones contenidas en una circular específica.

Como ejemplo de Circulares, tenemos la Circular Número 214 63, que dispone que todas las comunicaciones que sean dirigidas a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público se presenten por triplicado, como vemos aunque las circulares no son fuente directa de creación de derecho tributario, sus disposiciones si tendrá influencia en la aplicación de las normas.

Características y Atributos de la Asociación Civil.

Características

Una asociación civil es una forma de organización sin fines de lucro que se crea con el propósito de llevar a cabo actividades de interés general o beneficio común. Estas organizaciones suelen tener características y atributos distintivos que las definen. A continuación, se presentan algunas de las principales características y atributos de una asociación civil:

• Sin fines de lucro: Una asociación civil se constituye con el objetivo de realizar actividades de beneficio común, sin buscar obtener ganancias económicas para sus miembros. Cualquier excedente generado se reinvierte en la consecución de los fines de la asociación.
• Interés general: Las asociaciones civiles suelen formarse con el propósito de promover y realizar actividades en beneficio de la sociedad en su conjunto, abordando diversas áreas como la educación, la salud, la cultura, el medio ambiente, entre otras.
• Voluntariedad y autonomía: Las asociaciones civiles se basan en la voluntad de sus miembros, quienes se unen libremente para colaborar en la consecución de los fines comunes. Además, gozan de autonomía para establecer sus propias normas internas, estructura organizativa y toma de decisiones.
• Asamblea general: Es el órgano de máxima autoridad en la asociación civil, donde se reúnen todos los miembros para tomar decisiones importantes, como la elección de la junta directiva, la aprobación de proyectos, la modificación de estatutos, entre otros aspectos relevantes.
• Junta directiva: Es el órgano encargado de la administración y representación legal de la asociación civil. Está conformada por un grupo de miembros elegidos por la asamblea general y desempeñan funciones ejecutivas y de dirección.
• Transparencia y rendición de cuentas: Las asociaciones civiles suelen estar sujetas a la obligación de rendir cuentas sobre el uso de los recursos y los resultados obtenidos. Esto implica llevar una contabilidad clara, presentar informes financieros y cumplir con las obligaciones legales y regulatorias correspondientes.
• Beneficio colectivo: Las actividades realizadas por una asociación civil buscan generar un impacto positivo en la comunidad o en un sector específico de la sociedad. Sus acciones pueden estar orientadas hacia la promoción de derechos, la prestación de servicios, la sensibilización social o la defensa de causas comunes.
• Duración indefinida: Las asociaciones civiles generalmente se constituyen con una duración indefinida, lo que les permite mantenerse en funcionamiento a largo plazo y continuar desarrollando su labor en beneficio de la sociedad.

Atributos de la asociación civil

Los atributos de una asociación civil se refieren a las cualidades o características específicas que la distinguen y definen. A continuación, se presentan algunos de los atributos más relevantes de una asociación civil:

• Personalidad jurídica: Una asociación civil tiene capacidad jurídica, lo que significa que puede adquirir derechos y contraer obligaciones en su propio nombre. Esto le permite celebrar contratos, adquirir propiedades, recibir donaciones, entre otras acciones legales.
• Patrimonio propio: Una asociación civil cuenta con un patrimonio separado y distinto de sus miembros. Esto implica que los bienes, recursos y activos que adquiere o recibe son propiedad de la asociación y no de los individuos que la conforman.
• Responsabilidad limitada: Los miembros de una asociación civil no son personalmente responsables de las deudas o obligaciones de la organización. La responsabilidad se limita al patrimonio de la asociación, lo que brinda protección a los miembros frente a posibles pérdidas financieras.
• Participación de miembros: Los individuos que conforman una asociación civil tienen la posibilidad de participar activamente en la toma de decisiones y en la gestión de la organización. Tienen voz y voto en la asamblea general, donde se discuten y aprueban aspectos importantes de la asociación.
• Fines específicos: Una asociación civil se crea con un propósito o fines específicos que se establecen en sus estatutos. Estos fines pueden ser de carácter social, cultural, educativo, científico, deportivo, entre otros. La asociación trabaja en función de alcanzar estos objetivos y perseguir el bienestar de la comunidad o de un sector de la sociedad.
• Independencia: Una asociación civil tiene autonomía e independencia en la toma de decisiones y en su funcionamiento. No está sujeta a intereses particulares o de terceros, lo que le permite actuar de manera imparcial y en beneficio de su propósito social.
• Rendición de cuentas: Aunque una asociación civil goza de autonomía, también está sujeta a la obligación de rendir cuentas ante sus miembros, donantes, autoridades y la sociedad en general. Esto implica llevar una gestión financiera transparente y presentar informes periódicos sobre las actividades, logros y resultados obtenidos.

Competencia concurrente

La competencia concurrente es una facultad excepcional que la Constitución y la Ley de Amparo otorgan a los ciudadanos para iniciar un juicio basado en la violación de garantías establecidas en los artículos 16 y 20 de la Constitución Federal, en materia penal. En este tipo de juicio, el demandante puede elegir presentar su demanda de amparo ante el tribunal superior que haya cometido la violación, o ante el Juez de Distrito, según su interés en proteger esas garantías. Ambas autoridades son competentes para conocer la demanda, incluso si residen en el mismo lugar, siempre y cuando se trate de la violación de las garantías constitucionales mencionadas.

Esta competencia también se presenta cuando están involucradas autoridades judiciales federales en controversias civiles o penales que involucran la aplicación de leyes federales o tratados internacionales suscritos por México. Sin embargo, si solo afecta intereses particulares, las controversias pueden ser conocidas por los jueces y tribunales del orden común de los estados y del Distrito Federal, de acuerdo con el artículo 104, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.

La competencia concurrente en el juicio de amparo es un tema de suma importancia en el sistema judicial mexicano. Además de los aspectos mencionados anteriormente, existen otros elementos relevantes que se relacionan con esta competencia.

En primer lugar, es importante destacar que la competencia concurrente permite brindar a los ciudadanos la posibilidad de elegir la autoridad ante la cual presentar su demanda de amparo. Esto les proporciona un cierto grado de flexibilidad y les permite buscar la protección de sus garantías constitucionales de acuerdo con sus intereses y circunstancias particulares.

Además, la competencia concurrente también está relacionada con la jerarquía y la división de poderes en el sistema judicial mexicano. Los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito tienen funciones y competencias específicas, y su relación es fundamental para el adecuado desarrollo del juicio de amparo.

Supuestos Juridicos

Los supuestos jurídicos son situaciones hipotéticas o condiciones de hecho que, cuando se cumplen, dan lugar a la aplicación de una norma legal o jurídica específica. Estos supuestos suelen estar establecidos en las leyes y reglamentos y son fundamentales para determinar si una norma es aplicable en una situación concreta.

Los supuestos jurídicos son esenciales en el razonamiento jurídico y en la interpretación de las leyes. Sirven como criterios para determinar si una conducta es legal o ilegal, si se cumplen los requisitos para la aplicación de una norma o si se dan las condiciones necesarias para que una persona tenga derechos o responsabilidades legales.

Ejemplos de supuestos jurídicos en diferentes áreas del derecho:

Derecho civil: El supuesto jurídico para que exista un contrato válido y vinculante es que haya un acuerdo de voluntades entre las partes, que estas sean capaces de contratar y que exista un objeto lícito y determinado.

Derecho penal: El supuesto jurídico para que se configure el delito de robo es que una persona tome de forma indebida una propiedad ajena, sin el consentimiento del propietario y con la intención de apropiársela de forma permanente.

Derecho laboral: El supuesto jurídico para que se configure una relación laboral es que exista una prestación de servicios personales, subordinada y remunerada, entre un empleador y un empleado.

Derecho administrativo: El supuesto jurídico para que se otorgue una licencia de conducir es que el solicitante cumpla con los requisitos de edad, conocimientos teóricos y habilidades prácticas establecidas en la legislación de tránsito.

Derecho de familia: El supuesto jurídico para que se disuelva el matrimonio es que exista un acuerdo mutuo entre los cónyuges o que se demuestre la existencia de causas legales, como el divorcio por separación de hecho por un periodo determinado.

Clasificación de los supuestos jurídicos

Estos supuestos pueden clasificarse en simples y complejos, los cuales a su vez se subdividen en independientes y dependientes, y estos últimos se clasifican en simultáneos y sucesivos. Veamos cada una de estas clasificaciones:

• Supuestos jurídicos simples: Son aquellos que constan de una única hipótesis fáctica que debe cumplirse para que se aplique una norma. Por ejemplo, la norma que establece que "si una persona comete un homicidio, será sancionada con pena de prisión". En este caso, el supuesto jurídico simple es la comisión de un homicidio.
• Supuestos jurídicos complejos: Son aquellos que constan de varias hipótesis fácticas que deben cumplirse conjuntamente para que se aplique una norma. Por ejemplo, la norma que establece que "si una persona comete un robo con violencia y causando daños, será sancionada con pena de prisión". En este caso, el supuesto jurídico complejo está compuesto por la comisión de un robo con violencia y causando daños.
• Supuestos jurídicos independientes: Son aquellos en los que las distintas hipótesis fácticas que los componen pueden cumplirse de manera simultánea o sucesiva, sin que el cumplimiento de una de ellas dependa del cumplimiento de las demás. En otras palabras, cada hipótesis fáctica puede cumplirse de forma independiente. Por ejemplo, la norma que establece que "si una persona roba un vehículo o comete un secuestro, será sancionada con pena de prisión". En este caso, el supuesto jurídico independiente está compuesto por el robo de un vehículo y el secuestro, y ambas acciones pueden ocurrir de manera independiente.
• Supuestos jurídicos dependientes: Son aquellos en los que el cumplimiento de una hipótesis fáctica depende del cumplimiento de otras hipótesis fácticas. En otras palabras, una hipótesis fáctica solo puede cumplirse si se cumplen previamente otras hipótesis fácticas. Por ejemplo, la norma que establece que "si una persona compra un inmueble y paga el precio acordado, adquiere la propiedad". En este caso, el supuesto jurídico dependiente está compuesto por la compra del inmueble y el pago del precio acordado, y el pago del precio es una condición necesaria para que se cumpla el supuesto jurídico.
• Supuestos jurídicos simultáneos: Son aquellos en los que las hipótesis fácticas que los componen deben cumplirse de manera simultánea, es decir, al mismo tiempo. Por ejemplo, la norma que establece que "si una persona se encuentra en posesión de drogas y las vende, será sancionada con pena de prisión". En este caso, el supuesto jurídico simultáneo está compuesto por la posesión de drogas y la venta de las mismas, y ambas acciones deben ocurrir al mismo tiempo para que se aplique la norma.
• Supuestos jurídicos sucesivos. Son aquellos en los que las hipótesis fácticas que los componen deben cumplirse en un orden secuencial o temporal específico. Esto significa que una hipótesis fáctica debe cumplirse antes de que se cumpla la siguiente hipótesis fáctica.

Diferencia entre supuestos y hechos jurídicos

La diferencia entre supuestos y hechos jurídicos radica en que los supuestos son condiciones previstas en la ley que deben cumplirse para que se aplique una norma o se genere una consecuencia jurídica, mientras que los hechos jurídicos son sucesos reales que ocurren en la realidad y que tienen relevancia jurídica al generar efectos o consecuencias jurídicas.

A diferencia de los supuestos jurídicos, los hechos jurídicos son situaciones concretas que suceden en la realidad y que tienen importancia para el ordenamiento jurídico.

Diferencias entre endoso y cesión

El endoso y la cesión son dos términos relacionados con la transferencia de derechos sobre un bien o un documento, pero se utilizan en contextos diferentes.

El endoso se utiliza comúnmente en el ámbito de los documentos negociables, como los cheques o los pagarés. Consiste en la firma y la entrega del documento a otra persona, lo que transfiere los derechos de propiedad o cobro del mismo.

Por otro lado, la cesión se utiliza para transferir derechos sobre un bien o un contrato. Puede referirse a la transferencia de derechos de propiedad, derechos de cobro, derechos de uso o cualquier otro tipo de derecho legalmente reconocido. A diferencia del endoso, que se utiliza específicamente para documentos negociables, la cesión puede aplicarse a una amplia variedad de situaciones legales. La cesión generalmente se realiza mediante un contrato o acuerdo en el que el cedente (quien transfiere los derechos) y el cesionario (quien los recibe) establecen los términos y condiciones de la transferencia.

Naturaleza jurídica.

• El endoso es una declaración unilateral de voluntad del endosante (acto unilateral). 
• La cesión de crédito es un acto bilateral (contrato).

Objeto.

• El endoso es la forma de trasmisión de los créditos contenidos en títulos valores a la orden y nominativos.
• La cesión de crédito tiene por objeto trasmitir derechos emergentes de un contrato o de cualquier otro acto jurídico, incluso de un título valor. 

Formalidades.

• El endoso es una constancia que se escritura en el mismo título valor o en hoja adherida a él.
•  Cuando la cesión de crédito sea a título valor, se documenta por separado de éste aunque, como es obvio, haciendo referencia a él.
• El endoso es un acto de carácter formal (solemne), pues supone necesariamente la existencia de la constancia referida, aunque esa constancia pueda consistir en la sola firma del endosante. 
• La cesión de crédito es un contrato consensual, para cuya validez basta el acuerdo de cedente y cesionario.

Procedimiento

• El endoso es una forma rápida y sencilla de trasmisión de los créditos, lo cual favorece su circulación. No es necesario notificar al librador, ni a ningún endosante anterior, que el título se endosará a favor de otra persona.
• La cesión de crédito supone, en primer lugar, la celebración de un contrato entre cedente y cesionario. En segundo lugar, supone una diligencia posterior de notificación al cedido. Si no se le notifica la cesión, el cedido paga bien si paga al cedente.
• El endoso supone la trasmisión del crédito sin posibilidad de oposición y hasta sin conocimiento del librador (deudor).
• Al librador de un título valor le es indiferente quién es su acreedor.

Diferencias en cuanto a las responsabilidades respectivas de cedente y endosante

• El cedente de un crédito responde por la existencia y legitimidad del crédito; no responde de la solvencia del deudor, salvo que expresamente se haya comprometido a ello.
• El endosante de un título valor contrae una obligación autónoma frente a todos los tenedores posteriores del título, salvo que incluya en su endoso la cláusula “sin mi responsabilidad”.

La organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo Estatal

En México, el Poder Ejecutivo Estatal se refiere al gobierno de cada estado individual dentro del sistema federal mexicano. El ejercicio del Poder Ejecutivo de un estado se deposita en un solo individuo al cual la ley denomina Gobernador del Estado, y se le otorgan facultades y obligaciones que se señalan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado del que se trate y las demás leyes y reglamentos que nacieren de esta.

Para hacer uso de las facultades que le otorga la ley y la gestión de los asuntos de orden administrativo que correspondan al Poder Ejecutivo, la administración pública será directa y paraestatal.


Directa. Se integra por las siguientes Dependencias:

• Secretarías. El Gobernador cuenta con un gabinete de secretarios que dirigen las diferentes secretarías o dependencias estatales. Algunas de las secretarías comunes en los gobiernos estatales mexicanos son la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Seguridad Pública, entre otras. Estas secretarías son responsables de formular políticas y programas en sus respectivas áreas y ejecutar las decisiones del Gobernador.
  
• Procuraduría General de Justicia del Estado. La Procuraduría General de Justicia del Estado es una institución encargada de la procuración de justicia a nivel estatal. Su función principal es investigar y perseguir los delitos, así como garantizar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos de las personas dentro de su jurisdicción

La administración pública paraestatal: 

• Son los organismos descentralizados. Los organismos descentralizados son entidades que, aunque dependen del gobierno, cuentan con autonomía administrativa y operativa para llevar a cabo funciones específicas en un área determinada.
• Empresas de participación estatal mayoritaria.Las empresas de participación estatal mayoritaria son aquellas en las que el Estado tiene una mayoría de acciones o participación accionarial.
• Sociedades y asociaciones civiles asimiladas a dichas empresas en los términos de la Ley y fideicomisos públicos.

Delegaciones o Coordinaciones Regionales: En algunos estados, se establecen delegaciones o coordinaciones regionales para descentralizar la administración y garantizar una mayor cercanía con los ciudadanos. Estas unidades regionales se encargan de la implementación de políticas y programas estatales a nivel local.
 

Órganos de Control y Fiscalización: Los estados mexicanos también cuentan con órganos de control y fiscalización encargados de supervisar y auditar el uso de los recursos públicos. Estos órganos, como las auditorías superiores estatales, tienen la responsabilidad de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos estatales.
 

Relaciones con el Poder Ejecutivo Federal: El Poder Ejecutivo Estatal en México mantiene relaciones con el Poder Ejecutivo Federal. A través de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), los gobernadores se reúnen regularmente con el Presidente de México para discutir temas de interés común, coordinar acciones y buscar soluciones conjuntas.

Decreto delegado

El decreto delegado es utilizado cuando el Congreso de la Unión, previa autorización constitucional, transfiere temporalmente sus funciones al Poder Ejecutivo. Esto permite al Ejecutivo emitir normas con fuerza de ley para abordar una situación específica.

La diferencia principal entre un decreto ley y un decreto delegado radica en que este último no requiere la declaración de un estado de emergencia para que el poder ejecutivo esté facultado para emitir disposiciones jurídicas obligatorias. Además, en el caso del decreto delegado, es necesario contar con la autorización del Congreso antes de emitir las normas, mientras que en el decreto ley no es obligatorio que el poder ejecutivo rinda cuentas de sus acciones antes de llevarlas a cabo.

El artículo 49 de la Constitución establece la división del poder en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No se permite que dos o más de estos poderes se reúnan en una sola persona o entidad, excepto en el caso de facultades extraordinarias otorgadas al Ejecutivo de la Unión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, a menos que se indique en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.

Un ejemplo claro de un decreto delegado que ha sido fuente del derecho tributario en México es el decreto que establece estímulos fiscales para el fomento del empleo y la inversión en las actividades industriales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 1979.

Principio de definitividad

El principio de definitividad indica que es necesario que para que proceda el amparo es necesario que se hallan agotado todos los recursos ordinarios o medios legales de defensa que tengan como objetivo impugnar el acto reclamado.

De esta manera, el principio de definitividad implica la obligación impuesta al demandante de una acción constitucional de agotar, antes de recurrir a la instancia constitucional, el recurso ordinario correspondiente que podría tener el efecto de revocar o modificar el acto que el quejoso considera que afecta sus derechos legales.

La Sala Primera ha definido el medio ordinario de defensa como cualquier instrumento establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, y cuyo objetivo sea modificar, revocar o anular dicho acto impugnado.

Si el interesado no agota el recurso ordinario antes de presentar el juicio de amparo, la acción constitucional se considera improcedente por no cumplir con el principio de definitividad que la rige.

Este principio está inscrito en los artículos 107 fracciones III, IV y V de la Constitución Federal y en el artículo 73 fracciones XIII, XIV y XV de la ley de amparo.

Existen excepciones a este principio las cuales se indican a continuación:

• En el caso de que el amparo se promueva contra una ley federal o local, autoaplicativa o heteroaplicativa, contra un tratado internacional, un reglamento administrativo.
• En amparo contra ordenes verbales, éstas representan actos de autoridad inconstitucionales.
• En el amparo por falta de fundamentación legal.
• Por violación directa a un precepto constitucional.
• Amparo para proteger la vida y la integridad personal.
• Amparo contra auto de formal prisión.
• Amparo contra controversias sobre acciones del estado civil.
• Amparo contra controversias que afecten al orden y a la estabilidad de la familia.
• Amparo a favor de menores de edad e incapaces.
• Amparo promovido por tercero extraño a juicio
• Cuando para agotar la suspensión en el recurso ordinario, se exigen mas requisitos que los previstos por la ley de amparo.
• Por existir pluralidad de recursos.

Jornada diurna de trabajo

La jornada diurna es una parte del día en la cual se desarrolla la actividad laboral. Se caracteriza por comprender las horas de luz solar, es decir, el periodo de tiempo durante el cual el sol está visible en el horizonte.

En términos generales, la jornada diurna abarca desde la salida del sol hasta el ocaso. Sin embargo, en el ámbito laboral, la definición exacta de la jornada diurna puede variar según la legislación de cada país o las regulaciones establecidas en convenios colectivos o acuerdos laborales.

En el derecho laboral mexicano, la jornada diurna de trabajo está regulada por la Ley Federal del Trabajo.

Duración de la jornada diurna:

Según el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo, la jornada diurna de trabajo no debe exceder las 8 horas diarias. Esto significa que un trabajador en México no puede ser obligado a laborar más de 8 horas al día durante la jornada diurna.

Horario de la jornada diurna: 

La jornada diurna de trabajo se desarrolla durante el periodo comprendido entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m. Esto significa que las horas trabajadas dentro de este intervalo se considerarán como jornada diurna.

Descanso durante la jornada diurna:

De acuerdo con el artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo, durante la jornada diurna de trabajo, los trabajadores tienen derecho a un descanso mínimo de media hora continuada. Este descanso puede ser dividido en dos periodos de 15 minutos cada uno, a solicitud del trabajador.

Horas extras: 

Las horas trabajadas que excedan las 8 horas diarias de la jornada diurna se consideran horas extras. Estas horas extras deben ser pagadas con un recargo adicional al salario ordinario. El artículo 68 de la Ley Federal del Trabajo establece que el pago de las horas extras debe ser al menos el 100% más del salario ordinario.

Días de descanso:

Los trabajadores tienen derecho a un día de descanso obligatorio por cada 6 días de trabajo, de acuerdo con el artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo. Este día de descanso debe ser pagado y corresponde al salario de un día de trabajo.

Es importante tener en cuenta que existen diversas excepciones y particularidades en cuanto a la duración de la jornada de trabajo, dependiendo del sector, actividad o tipo de contrato laboral. Además, los sindicatos y los convenios colectivos pueden establecer condiciones laborales diferentes a las establecidas por la ley.

Definición de Empresa

En el ámbito del derecho, una empresa se define como una unidad económica organizada con el propósito de llevar a cabo actividades comerciales, industriales o de servicios con el fin de obtener beneficios.

 

Desde una perspectiva legal, una empresa es una entidad jurídica independiente que puede ser creada mediante un acto formal de constitución, como la inscripción en el registro mercantil u otros organismos competentes. Al ser reconocida como una persona jurídica, la empresa adquiere una personalidad propia y separada de sus propietarios o socios.

La empresa puede adoptar diferentes formas jurídicas según el país y la legislación aplicable, como una sociedad de responsabilidad limitada (SRL), una sociedad anónima (SA), una cooperativa, entre otras. Cada forma jurídica tiene sus propias características y requisitos legales específicos.

En el marco del derecho empresarial, se regulan aspectos como la constitución, organización, funcionamiento, responsabilidad, contratos, propiedad intelectual, competencia, impuestos y otras cuestiones relacionadas con la actividad empresarial. Además, se establecen normas y regulaciones para proteger los derechos de los trabajadores, los consumidores, el medio ambiente y la competencia justa en el mercado. 

La etimología de "negocio" se refiere al estado de ser ocupado ya sea como individuo o la sociedad en su conjunto, haciendo el trabajo comercialmente viable y rentable. El término "negocio" tiene por lo menos tres usos, dependiendo del alcance - el uso singular en el sentido de una organización en particular, el uso generalizado para referirse a un sector concreto del mercado, "el negocio de la música" y formas compuestas como la agroindustria y la sentido más amplio, que abarca todas las actividades de la comunidad de proveedores de bienes y servicios. Sin embargo, la definición exacta de los negocios, al igual que muchas otras cosas en la filosofía de la empresa, es un tema de debate y complejidad de significados.

Obligaciones de los accionistas S.A

Los accionistas de una sociedad anónima tienen varias obligaciones y responsabilidades que deben cumplir. A continuación, se detallan algunas de las obligaciones más comunes:

• Suscripción y pago de acciones: Los accionistas tienen la obligación de suscribir y pagar las acciones que adquieren en la sociedad anónima. Esto implica comprometerse a adquirir una determinada cantidad de acciones y realizar el pago correspondiente según lo establecido en los estatutos de la empresa.
• Participación en las decisiones de la empresa: Los accionistas tienen derecho a participar en las decisiones importantes de la sociedad anónima. Esto implica asistir a las juntas generales de accionistas y ejercer su derecho al voto en asuntos como la elección de los miembros del consejo de administración, la aprobación de los estados financieros y la adopción de decisiones estratégicas.
• Cumplimiento de las normas y regulaciones: Los accionistas deben cumplir con todas las leyes, regulaciones y disposiciones aplicables a la sociedad anónima. Esto incluye, por ejemplo, el cumplimiento de las normas fiscales, laborales y medioambientales, así como cualquier requisito específico del sector en el que opera la empresa.
• Llevar al corriente los libros de la sociedad que prescribe la ley y el exacto cumplimiento de las resoluciones de las asambleas. 
  
• Confidencialidad y protección de la información: Los accionistas tienen la obligación de mantener la confidencialidad de la información privilegiada y confidencial a la que tengan acceso en virtud de su condición de accionistas. Esto implica no divulgar ni utilizar dicha información en beneficio propio o de terceros.
• Contribución al capital social: Si la sociedad anónima necesita aumentar su capital social, los accionistas existentes tienen la obligación de contribuir proporcionalmente a dicho aumento. Esto puede implicar la suscripción de nuevas acciones o la realización de aportaciones adicionales para mantener su participación relativa en la empresa. 
• Existe el deber de lealtad de todos los socios a favor de la sociedad, que es consecuencia del concepto mismo de sociedad de unir y combinar recursos y esfuerzos para la realización de un fin común 
  

La Propiedad Industrial

La propiedad industrial se refiere a los derechos y protecciones legales que se otorgan a las invenciones, marcas, diseños industriales, denominaciones de origen y otros aspectos relacionados con la propiedad intelectual. Estos derechos se regulan principalmente por la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) y los tratados internacionales en los que participa cada estado.

Los Derechos que conforman la Propiedad Industrial son la patente, modelo de utilidad, topografía de productos semiconductores, certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios asi como un diseño industrial, un signo distintivo (marca o nombre comercial), etc.

• Patentes: Se otorgan a las invenciones que cumplan con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. Las patentes brindan a los inventores el derecho exclusivo de explotar su invención durante un período de tiempo determinado.
• Marcas: Protegen los signos distintivos, como nombres, logotipos, lemas y otros elementos que identifiquen un producto o servicio en el mercado. Las marcas registradas brindan a sus titulares el derecho exclusivo de uso y evitan que otros utilicen marcas similares o idénticas en productos o servicios relacionados.
• Diseños industriales: Protegen la apariencia estética de un producto, como su forma, configuración, ornamentación o combinación de colores. Los diseños industriales registrados ofrecen protección contra la reproducción no autorizada o la imitación de los aspectos visuales de un diseño.
• Modelo de utilidad. es una forma de protección legal para una invención que presenta una mejora funcional en un objeto o proceso existente. Se diferencia de una patente en que no requiere un nivel de inventividad tan alto, pero proporciona un derecho exclusivo al titular para explotar comercialmente la invención durante un período limitado.Topografía de productos semiconductores. Se refiere al diseño tridimensional de las capas y estructuras que componen un circuito integrado. Las topografías de productos semiconductores pueden ser protegidas mediante derechos de propiedad intelectual, con el objetivo de prevenir la copia no autorizada de dichas topografías.
• Certificados complementarios de protección (CCP). Son derechos de propiedad intelectual que se otorgan a los medicamentos y productos fitosanitarios después de que hayan sido autorizados para su comercialización. Los CCP extienden la protección de una patente básica y brindan un período adicional de exclusividad al titular para compensar el tiempo que lleva obtener la autorización regulatoria.
• Diseño industrial- se refiere a la apariencia estética de un producto o parte de él, incluyendo sus características ornamentales o estéticas. La protección de un diseño industrial otorga derechos exclusivos al titular para prevenir la copia no autorizada de dicho diseño, con el objetivo de promover la creatividad y la innovación en el diseño de productos.

Otorga dos tipos de derechos:

• El derecho a utilizar la invención diseño o signo distintivo. 
• El derecho a prohibir que un tercero lo haga. Es la parte más destacada de la propiedad industrial y permite al titular del derecho el solicitar el pago de una licencia, también llamada regalía o royalty. 

A su vez el derecho de la Propiedad Industrial abarca: 

• El Derecho invencional conocido en algunos países como derechos de patentes
• El Derecho mercantil el cual tiene por objeto la producción comercial.

En México, para obtener protección y derechos exclusivos sobre estos activos de propiedad industrial, es necesario registrarlos en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que es la autoridad encargada de administrar y regular estos derechos. El registro otorga una presunción de validez y confiere derechos legales para ejercer acciones contra terceros que infrinjan dichos derechos.

Además, México es miembro de diversos tratados internacionales en materia de propiedad industrial, como el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y el Arreglo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, lo que permite a los titulares de derechos de propiedad industrial obtener protección en múltiples países de manera más sencilla.

Trabajos especiales

Los trabajos especiales son actividades económicas particulares que, debido a su naturaleza, requieren una regulación especial. Esta regulación se implementa debido a la importancia, sensibilidad o vulnerabilidad de las partes involucradas en la relación laboral. La necesidad de establecer categorías especiales para legislar las condiciones de ciertas actividades económicas surge del hecho de que estas representan profesiones y oficios que no se ajustan a las condiciones generales y requieren medidas adecuadas para su correcto funcionamiento. La ley se encarga de establecer estas medidas con carácter jurídicamente obligatorio.

Las actividades económicas a las cuales la ley les otorga carácter de especial son:

• Trabajadores de confianza: Son empleados que ocupan puestos de dirección, supervisión o de confianza en una empresa. Tienen la responsabilidad de tomar decisiones importantes y representar los intereses de la empresa.
• Trabajadores de los buques: Se refiere a las personas que trabajan a bordo de los buques, como marineros, oficiales de navegación, ingenieros, cocineros, entre otros. Estos trabajadores desempeñan diversas funciones relacionadas con la operación y el mantenimiento de los buques.
• Trabajo de las tripulaciones aeronáuticas: Engloba a los profesionales que trabajan en la industria de la aviación, como pilotos, copilotos, asistentes de vuelo y personal técnico de tierra. Estos trabajadores se encargan de la operación, mantenimiento y seguridad de las aeronaves.
• Trabajo ferrocarrilero: Hace referencia a los empleados que trabajan en el sector ferroviario, incluyendo maquinistas, guardafrenos, personal de estaciones, técnicos de mantenimiento, entre otros. Su labor consiste en la operación, mantenimiento y seguridad de los trenes y las infraestructuras ferroviarias.
• Trabajo de autotransportes: Se refiere a los conductores y personal relacionado con el transporte de mercancías por carretera. Estos trabajadores son responsables de la conducción segura de vehículos comerciales y de garantizar la entrega de la carga en tiempo y forma.
• Trabajo de maniobras de servicio público en zonas bajo jurisdicción federal: Hace referencia a los trabajadores que realizan maniobras o tareas de servicio público en áreas que están bajo la jurisdicción del gobierno federal. Esto puede incluir actividades como el manejo de grúas, operación de puertos, servicios de agua y saneamiento, entre otros.
• Trabajadores del campo: Son los empleados que trabajan en el sector agrícola, incluyendo agricultores, jornaleros, trabajadores de granjas y recolectores. Estos trabajadores se dedican a actividades relacionadas con la siembra, cosecha y cuidado de cultivos y ganado.
• Agentes de comercio y otros semejantes: Se refiere a los profesionales que se dedican a la intermediación comercial, representación de empresas o ventas. Esto puede incluir agentes de ventas, representantes comerciales, corredores y otros profesionales similares.
• Deportistas profesionales: Son los atletas que se dedican al deporte de manera profesional, compitiendo en diferentes disciplinas a nivel nacional e internacional. Estos deportistas entrenan y compiten en eventos deportivos y pueden recibir remuneración por su desempeño.
• Trabajadores actores y músicos: Se refiere a los profesionales del mundo del espectáculo, incluyendo actores, actrices, músicos, cantantes y bailarines. Estos trabajadores se dedican a la interpretación artística en teatro, cine, televisión, conciertos u otros eventos relacionados.
• Trabajo a domicilio: Se refiere a las labores que se realizan desde el propio hogar. Esto puede incluir trabajos de teletrabajo, como la realización de tareas administrativas, diseño gráfico, programación, entre otros, que se llevan a cabo de manera remota desde el domicilio del trabajador.
• Trabajadores domésticos: Son los empleados que se ocupan de las tareas domésticas en un hogar, como limpieza, cocina, cuidado de niños, cuidado de personas mayores, entre otros. Estos trabajadores brindan servicios de apoyo en el ámbito familiar y suelen ser contratados directamente por los dueños de la vivienda.
• Trabajos en hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos análogos: Engloba a los empleados que trabajan en el sector de la hospitalidad y servicios de alimentación, como recepcionistas, camareros, cocineros, personal de limpieza y otros roles relacionados. Estos trabajadores brindan servicios a los clientes en establecimientos de alojamiento, restaurantes, bares y similares.
• Industria familiar: Se refiere a las empresas o negocios que son operados y administrados por una familia. En este tipo de industria, los miembros de la familia suelen trabajar en diferentes roles y funciones dentro del negocio, desde la producción hasta la gestión y administración.
• Trabajadores médicos residentes en periodo de adiestramiento en una especialidad: Son profesionales de la medicina que se encuentran en una etapa de formación y adiestramiento específico en una especialidad médica. Los médicos residentes trabajan bajo supervisión en hospitales u otras instituciones de salud, adquiriendo experiencia práctica y conocimientos especializados.
• Trabajo en las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley: Hace referencia a los empleados que trabajan en el ámbito educativo en instituciones de educación superior, como profesores, investigadores, personal administrativo y de apoyo. Estos trabajadores desempeñan roles académicos y administrativos en universidades y otras instituciones de educación superior reconocidas por la ley y con autonomía.

Es importante destacar que el carácter especial del trabajo no se refiere a la relación laboral en sí misma, la cual está protegida por la ley de manera igualitaria a cualquier otra relación laboral. Más bien, se enfoca en aspectos específicos de las condiciones laborales, como medidas de seguridad, horarios de trabajo y derechos y responsabilidades tanto para los trabajadores como para los empleadores. La regulación especial busca asegurar que estas condiciones se ajusten adecuadamente a las particularidades de ciertas actividades económicas, con el objetivo de proteger a todas las partes involucradas.

Naturaleza jurídica del matrimonio

El matrimonio se considera una institución de carácter civil. Es un contrato celebrado entre un hombre y una mujer o, en algunos estados, entre personas del mismo sexo, con el propósito de establecer una comunidad de vida y apoyo mutuo, fundada en el libre consentimiento de los contrayentes.

 

Es un acto jurídico bilateral constituido por la manifestación de la voluntad de los contrayentes, para contraer matrimonio e integrado por la actuación del oficial público encargado del Registro Civil o la autoridad competente para celebrar el matrimonio.

En la noción tradicional el matrimonio es considerado un acto jurídico "matrimonial" y no un contrato y sirve también como un control de legalidad establecido por el Estado.

 
El matrimonio se basa en los siguientes principios fundamentales:

• Igualdad: Tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos y obligaciones en el matrimonio.
• Libre consentimiento: El matrimonio se basa en el acuerdo libre y voluntario de las partes, sin coacción ni vicios en el consentimiento.
• Monogamia: El matrimonio es una unión exclusiva entre dos personas, lo que implica la prohibición de contraer matrimonio simultáneamente con otras personas.
• Impedimentos: Existen ciertas prohibiciones legales para contraer matrimonio, como el parentesco cercano o el matrimonio anterior no disuelto.

El matrimonio genera una serie de derechos y obligaciones para los cónyuges, como el deber de fidelidad, la contribución económica y el deber de cohabitación. Además, otorga una serie de derechos y beneficios legales, como la posibilidad de compartir bienes, obtener pensión alimenticia, derechos sucesorios, entre otros.

Es importante destacar que en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió jurisprudencia declarando inconstitucionales las leyes estatales que prohibían el matrimonio entre personas del mismo sexo, estableciendo que la exclusión de parejas del mismo sexo del matrimonio era discriminatoria y violaba los principios constitucionales de igualdad y no discriminación. A partir de entonces, se reconoce el derecho al matrimonio igualitario en todo el país.

Objeto de la Obligación

El objeto de la obligación es la prestación prometida, aquello que el deudor tiene como obligación cumplir y el acreedor derecho a exigir. El objeto de la obligación se refiere a aquello que es materia de la misma, es decir, la prestación o conducta que el deudor se encuentra obligado a realizar en favor del acreedor. El objeto de la obligación puede consistir en dar, hacer o no hacer algo. 

• Obligación de dar: En este caso, el objeto de la obligación es una cosa corporal o incorporal que el deudor debe entregar al acreedor. Por ejemplo, el pago de una suma de dinero, la entrega de un bien mueble o inmueble, etc.
• Obligación de hacer: Aquí, el objeto de la obligación es una actividad o servicio que el deudor debe llevar a cabo en beneficio del acreedor. Por ejemplo, la realización de una obra, la prestación de un servicio profesional, etc.
• Obligación de no hacer: En este tipo de obligación, el objeto consiste en que el deudor se abstenga de realizar determinada conducta en perjuicio del acreedor. Por ejemplo, no divulgar información confidencial, no competir deslealmente, etc

La prestación objeto de la obligación, tiene que cumplir ciertos requisitos los cuales son:

• Posibilidad original. El objeto de la obligación debe ser posible tanto física como jurídicamente. En cuanto a la posibilidad física, se refiere a que la prestación o conducta requerida por el acreedor pueda ser realizada en términos prácticos. Por ejemplo, si se establece como objeto de la obligación entregar una casa específica, esta debe existir y ser accesible para el deudor. Por otro lado, la posibilidad jurídica implica que la prestación no debe ser contraria a la ley o al orden público. Por ejemplo, si se pacta una obligación de realizar una actividad ilícita, esta no será posible jurídicamente y, por lo tanto, no será válida.
  Licitud. El objeto de la obligación debe ser lícito, es decir, no debe contravenir disposiciones legales o principios éticos fundamentales. Si la prestación es contraria a la ley, inmoral o va en contra del orden público, se considerará ilícita y la obligación será nula o inexistente.
• Determinabilidad. El objeto de la obligación debe ser determinado o determinable. Esto significa que debe ser posible identificar claramente qué es lo que se debe entregar, hacer o no hacer. La determinabilidad puede ser directa, cuando el objeto está perfectamente identificado, o indirecta, cuando se establecen criterios o parámetros para determinarlo en el futuro. Es importante destacar que, aunque el objeto debe ser determinado o determinable, no es necesario que esté presente al momento de celebrar el contrato o de constituirse la obligación. Sin embargo, debe ser susceptible de identificación en el futuro.
• Objeto de comercio. El objeto de la obligación debe ser algo que pueda ser objeto de relaciones jurídicas y que esté dentro del ámbito de comercio. Esto significa que debe ser un bien o una prestación que tenga un valor económico y que pueda ser objeto de transacciones y contratos en el ámbito comercial. No cualquier cosa puede ser objeto de comercio, existen bienes o actividades que, por su naturaleza, están excluidos del comercio según la legislación aplicable. Por ejemplo, ciertos bienes inalienables o servicios que están regulados de manera especial.
• Causa.  La causa se refiere al motivo o razón que justifica la celebración del contrato u obligación. En el derecho civil mexicano, la causa debe ser lícita, es decir, no debe ser contraria a la ley o al orden público. La causa también debe ser real y existente, es decir, debe tener una justificación económica o social válida. La causa puede estar vinculada directamente al objeto de la obligación, ya que es común que las partes celebren contratos con el fin de obtener un beneficio o satisfacer una necesidad relacionada con ese objeto. La causa es un elemento esencial para la validez y eficacia del contrato u obligación, y su ausencia puede llevar a la nulidad del mismo.