El decreto delegado es utilizado cuando el Congreso de la Unión, previa autorización constitucional, transfiere temporalmente sus funciones al Poder Ejecutivo. Esto permite al Ejecutivo emitir normas con fuerza de ley para abordar una situación específica.
La diferencia principal entre un decreto ley y un decreto delegado radica en que este último no requiere la declaración de un estado de emergencia para que el poder ejecutivo esté facultado para emitir disposiciones jurídicas obligatorias. Además, en el caso del decreto delegado, es necesario contar con la autorización del Congreso antes de emitir las normas, mientras que en el decreto ley no es obligatorio que el poder ejecutivo rinda cuentas de sus acciones antes de llevarlas a cabo.
El artículo 49 de la Constitución establece la división del poder en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No se permite que dos o más de estos poderes se reúnan en una sola persona o entidad, excepto en el caso de facultades extraordinarias otorgadas al Ejecutivo de la Unión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, a menos que se indique en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.
Un ejemplo claro de un decreto delegado que ha sido fuente del derecho tributario en México es el decreto que establece estímulos fiscales para el fomento del empleo y la inversión en las actividades industriales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 1979.
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