Calumniare est falsa crimina intendere se traduce como "La calumnia es la imputación de falsos crímenes o delitos". En la ley romana durante la República , calumnia fue la presentación intencional de una falsa acusación , es decir, un juicio malicioso.
El sistema legal romano carecía de fiscales estatales; los delitos eran procesados por cualquier individuo con suficiente capacitación legal que eligió presentar el caso. Los procesamientos a menudo tenían motivaciones políticas, pero un fiscal que presentó una acusación injustamente podría ser demandado bajo la Lex Remmia de calumnia si el acusado era absuelto del delito. En este sentido, calumnia se parecía a un cargo de difamación o difamación. La persona declarada culpable de calumnia estaba sujeta al mismo castigo que la persona que acusó falsamente habría recibido.
Para que se presente esta figura la imputación debe de ser falsa, si no lo es y el acusado prueba que su acusación es verdadera, quedará exento de pena, ya que el hecho no es típico; aunque pudiera castigarse por injurias. Esto no significa que todo el que denuncie un delito esté obligado a probarlo, hasta el punto de que, si no lo hace, incurre en calumnia.
La imputación ha de ser de hechos concretos y ha de recaer sobre persona determinada o determinable. Es indiferente que se le impute una intervención a título de autor o cómplice. También es indiferente que la calificación penal del hecho sea incorrecta.
En algunas legislaciones, la calumnia, se integra dentro de los denominados Delito de acción privada, por lo que para su persecución no basta con una simple denuncia. Los poderes públicos no tienen capacidad para actuar de oficio en la persecución de los delitos de calumnias. En consecuencia, es necesario que la persona interesada participe en el juicio mediante una querella. Por otro lado, el juicio funcionará muy parecido a un juicio del orden civil, con parte demandada y demandante y con la posibilidad de que se llegue a un acuerdo o de que exista el desistimiento.
La imputación ha de ser de hechos concretos y ha de recaer sobre persona determinada o determinable. Es indiferente que se le impute una intervención a título de autor o cómplice. También es indiferente que la calificación penal del hecho sea incorrecta.
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