Los Estados por lo general son los que tienen la facultad para determinar la pérdida y privación de la ciudadanía, así como determina también la adquisición de esta. La pérdida y la privación de la ciudadanía afecta directamente los derechos del individuo y por lo que estarán siempre sujetos a límites muy estrictos donde se deberán tomar en cuenta algunos instrumentos internacionales.
El Artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que no se puede privar a persona alguna de su nacionalidad ni se le debe negar el derecho de cambiar su nacionalidad., podemos inferir que existe un deber por parte de los Estados de no negar sin motivo la ciudadanía. Este deber de los Estados debe tomarse en cuenta al interpretarse los acuerdos bilaterales que establecen el derecho de los Estados de vetar la naturalización de sus ciudadanos en otros Estados.
El Artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que no se puede privar a persona alguna de su nacionalidad ni se le debe negar el derecho de cambiar su nacionalidad., podemos inferir que existe un deber por parte de los Estados de no negar sin motivo la ciudadanía. Este deber de los Estados debe tomarse en cuenta al interpretarse los acuerdos bilaterales que establecen el derecho de los Estados de vetar la naturalización de sus ciudadanos en otros Estados.