Conjuntamente al control de la constitucionalidad del juicio de amparo, se a previsto el control de legalidad de esta figura jurídica, esto permite que se estudien los actos de autoridad, para obtener una conclusión que permita decidir si dichos actos se emitieron acatando a lo establecido por la ley secundaria.
Atendiendo al artículo 16 constitucional, todos los actos de molestia, deben estar emitidos acorde con el texto legal. Por lo tanto si un acto de autoridad no se adecua a lo establecido por la ley secundaria, estaría indirectamente trasgrediendo la Constitución política, dando pie a la posibilidad de promover la acción de amparo en contra del acto de autoridad, lo cual podrá culminar en su anulación o invalidación.
El juicio de amparo toma fueza como medio de control de legalidad, gracias a su condición intrínseca como medio de control de constitucionalidad. En caso de que el órgano de control de legalidad declare la ilegalidad, los actos que estén afectados por el vicio, quedaran insubsistentes, de esta forma se consigue que el orden jurídico se desarrolle sanamente y permitiendo que exista un verdadero estado de derecho, ya que la organización política de México tiene como base la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que se encargan de regular las disposiciones que nacen de ella.
Atendiendo al artículo 16 constitucional, todos los actos de molestia, deben estar emitidos acorde con el texto legal. Por lo tanto si un acto de autoridad no se adecua a lo establecido por la ley secundaria, estaría indirectamente trasgrediendo la Constitución política, dando pie a la posibilidad de promover la acción de amparo en contra del acto de autoridad, lo cual podrá culminar en su anulación o invalidación.
El juicio de amparo toma fueza como medio de control de legalidad, gracias a su condición intrínseca como medio de control de constitucionalidad. En caso de que el órgano de control de legalidad declare la ilegalidad, los actos que estén afectados por el vicio, quedaran insubsistentes, de esta forma se consigue que el orden jurídico se desarrolle sanamente y permitiendo que exista un verdadero estado de derecho, ya que la organización política de México tiene como base la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que se encargan de regular las disposiciones que nacen de ella.
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